A medida que se aumentan las transgresiones a la normatividad penal en el país, se siguen incrementando el número de presos en algunas regiones del territorio colombiano. Este desbordamiento en las cárceles ha obligado a las autoridades carcelarias la utilización de los centros transitorios de reclusión en las estaciones de policía o en centros improvisados establecidos por las administraciones municipales. Esta situación se ha convertido en un caos, por el hacimiento que están provocando con sus secuelas sanitarias, adecuaciones locativas deficientes y la falta de seguridad por el alto riesgo de fugas que frecuentemente se generan. La capacidad de respuesta de la Fuerza pública es débil. Inclusive incumplen su misión de velar por la seguridad ciudadana, por está vigilando estos establecimientos.
Con un sistema carcelario que registra un hacinamiento de 50,43 por ciento desde el año anterior, el país tiene hoy el desafío urgente de evitar que los centros penitenciarios sean escenario de una verdadera catástrofe. Algunos fiscales y jueces han optado por autorizar, que salgan de las celdas personas responsables de ciertos delitos o que se les permita purgar la pena en sus domicilios, genera inquietud. Es comprensible en un país en el que la seguridad ciudadana es un problema que en el último tiempo viene creciendo, y en el que son evidentes las falencias del Inpec en la labor de monitorear a quienes gozan del beneficio de la detención domiciliaria.
Pero hay que entender que del otro lado de la balanza está el peligro de un avance de conflictos violentos en estos lugares, que cobre un número enorme de vidas humanas, como el ocurrido recientemente en la cárcel de Tuluá. Es una situación a todas luces excepcional. Hay que entender también que el precario sistema de salud de la población carcelaria difícilmente podría lidiar con un escenario así, por lo que es necesario un alivio.
Durante la presente semana se ha denunciado el hacinamiento en la estación de Policía en el municipio de La Plata. La capacidad máxima es de 12 personas privadas de la libertad y en el momento hay 48. Esta situación genera preocupación no solamente por la vulneración de los derechos humanos de los presos, sino por el riesgo que corre la fuerza pública e inclusive que se genere un motín. Por este motivo, se hace un llamado al unísono de las entidades de esta localidad al Gobierno Nacional, frente a la preocupante situación de hacinamiento en este improvisado centro de reclusión, que genera alarma por las anteriores razones. Es tan compleja la situación, que pese a los diversos esfuerzos que vienen adelantando las entidades, este escenario no se ha podido regular. Pero es absurdo que el Inpec no permita recibir a estos reclusos en la cárcel de este municipio.
