Paloma Valencia
Las reformas tributarias deben ir acompañadas de un plan de gasto. El Gobierno debe precisar en qué se gastarán los recursos. El Gobierno Petro no lo hizo; quiere que el Congreso le firme un cheque en blanco con los dineros de los colombianos. Y no son unos dineritos: ¡son 25 billones! que nos piden sin decirnos si realmente son necesarios ni para qué serían.
No se pueden excusar en la crisis de Covid, ni los estragos del paro… las cifras macroeconómicas de la nación han venido mejorando. El déficit del gobierno central en el 2020 fue del 7.8% del PIB, con la reforma tributaria aprobada el año pasado y la recuperación económica de este año va a bajar al 5.6% del PIB. Los ingresos totales del Gobierno en el año 2020 fueron de 192 billones de pesos; este año se tiene la proyección de 227 billones. La economía va a un buen ritmo. Se estima que por cada punto de crecimiento de la economía, el país recauda 3,7 billones de pesos más en impuestos. Si el país logrará crecer un 5% adicional -lo cual es probable- recaudaríamos 18,7 billones de pesos más. Además, Ecopetrol va a tener unas utilidades de 24 billones, dinero que le llegará al Estado que es el accionista de más del 88% de las acciones. Para todo lo que el gobierno se proponga, hay dinero y mucho. No hay necesidad de una reforma adicional.
Lo que necesita Colombia es una reforma tributaria que logre la formalización del país: Más empresas formales, más contribuyentes, más trabajadores con todas sus prestaciones sociales, más producción, más riqueza. La reforma de Petro sigue por la línea de no aceptar la tarifa de 0% de renta para los nuevos emprendedores. De los 7,1 millones de empresas que hay en Colombia, 5,8 millones están en la informalidad. Colombia tiene una tasa de renta para las empresas de 35%; países como Noruega, Finlandia o Suecia tienen una tasa de que no supera el 24%.
La reforma de Petro grava de tal manera el capital y las empresas que lo que podemos esperar es que muchos empresarios nacionales se vayan al exterior. Además de pagar una tarifa de 35%, si se reparten dividendos les pueden cobrar hasta un 39% adicional de impuesto. Lo más grave es que si el inversionista reside en el exterior pagaría solo el 20% por dividendos. Y si está en países con convenios pagaría el 5%. A esto se le suma el impuesto más antitécnico que existe: impuesto al patrimonio. Se castiga destinar bienes a la producción. Es muy triste para Colombia que sus empresarios estén pensando en invertir desde Panamá o España, renunciar a nuestra nacionalidad. Sale más barato ser extranjero.
Santiago Pardo muestra un ejemplo de cómo funcionan estos impuestos en el país: Una empresa con rentabilidad del 50%, tiene ventas de 100 pesos y costos de 50 pesos. Esto da una utilidad de 50 pesos. En Colombia se debe pagar una tasa de 1% por las ventas ICA (10 pesos), y una tasa de gravámenes financieros del 0,4% sobre los costos (0,20 pesos). Esto nos da una utilidad de 48,8 pesos. A esto se le deba aplicar la tasa de renta del 35% (17,2 pesos) lo que nos deja con 31,6 pesos. La empresa reparte dividendos, entonces paga un 10% adicional ( 3,17 pesos, aunque con la reforma Petro podría llegar al 39%), para una utilidad final de 28,5 pesos.
Este empresario vendió 100 pesos, pero le quedaron sólo 28,5 pesos. Esto equivale a una tasa de tributación del 42%. Y aún no ha pagado impuesto del patrimonio, ni prediales… Pero una empresa recién creada puede tener una rentabilidad de solo el 2%. Al realizar el ejercicio solo le queda de utilidad 1,71 pesos. Tuvo una tasa de tributación del 85,3%. Si el ICA o el de Gravamen a movimientos financieros se eliminara o se descontara el 100%; la tasa de tributación para la empresa con rentabilidad de 50% como de 2% sería la misma (41,5%). Aunque sigue siendo una tasa alta, sería un avance a la formalización. Pero la reforma Petro ni en eso avanza.
