DIARIO DEL HUILA
El problema de desfinanciación de la Universidad Pública es un mal de vieja data, cuya causa tiene lugar en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Según autoridades, es necesario reformar esta disposición normativa para acabar con el inconveniente económico de las Instituciones Públicas de Educación Superior.
Las universidades Públicas en Colombia atraviesan por una grave situación, producto de la falta de recursos económicos. Aunque siempre han padecido esta problemática, hoy se han visto más afectadas por el alto nivel de desfinanciación. Así las cosas, la comunidad estudiantil, planta docente y sociedad en general, se verán profundamente afectados si no se toman medidas urgentes.
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, afirmó que una de las causas de desfinanciación de la educación pública en Colombia es la Ley 30 de 1992, especialmente los artículos 86 y 87, con los cuales se buscó congelar el incremento presupuestal anual, convirtiendo este derecho público en un negocio, pues el incremento fue definido de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, IPC.
Napoleón Gómez Lamus, representante Estudiantil al Consejo Superior Universitario e integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, afirmó que el Alma Mater está padeciendo un faltante presupuestal que, a diferencia de los años anteriores, no ha sido posible suplir con movimientos económicos internos que se suelen hacer en caso de contingencia. “Actualmente tenemos un déficit presupuestal de $3.649.294.925 para poder terminar cinco semanas de clase este año”. La cifra responde al costo de los docentes ocasionales, visitantes, catedráticos tiempo completo y visitantes catedráticos para este resto de año.
Según el representante, las medidas que estaba tomando la Rectoría, a cargo de Nidia Guzmán, fue la de reducir la vinculación docente. Señaló además que la propuesta consistió en pasar de 52 docentes ocasionales contratados a solo 14, para el resto vincularlos como catedráticos. Y en cuanto a la reducción del calendario académico, pasarían de 15 semanas a solo 12, finalizando las tres restante en 2023. Con ocasión a ello, se adelantó una serie de diálogos en donde se estableció que, si antes del 13 noviembre llegan a la universidad los $3.649.294.925 faltantes, se concluyen las clases este mismo año.
Esta información fue ratificada por la rectora de la Universidad Surcolombiana, Nidia Guzmán, al indicar que, “logramos salvar este segundo semestre. Vamos a trabajar doce semanas más y las tres restantes el mes de enero. Si el Gobierno Nacional nos envía a nosotros estos recursos, fácilmente podemos hacer esta modificación del calendario académico y daremos por terminado el semestre 2022-2 este mismo año. Esperamos que el Gobierno Nacional nos avale la iniciativa de modificar los artículos 86 y 87, dado que son las que tienen a todas las universidades públicas del país realmente desfinanciadas”.
Respecto de los docentes, indicó Gómez Lamus que finalmente, “no se programaron 52 vinculaciones ni tampoco 14 como propuso la administración, sino que se acordó la vinculación de 45.5 docentes visitantes tiempo completo. En ese sentido, se logró rectificar la propuesta inicial de la administración, claramente dañina para los docentes y estudiantes”.
Sobre el panorama nacional, Guzmán apuntó que todas las universidades del país se encuentran en la misma gestión de procurar recursos dado que, como se indicó, el problema de desfinanciación es generalizado, pues los dineros que se obtienen vía artículos 89 y 87 son provenientes del Gobierno Nacional, por lo que depende de éste la terminación del semestre si efectúa el pago correspondiente antes de la fecha prevista.
El problema de la desfinanciación de la universidad pública
Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal, explicó que el problema de la desfinanciación de la universidad pública es estructural, es decir, no es una contingencia, sino que, por el contrario, es un fenómeno que por años ha lesionado el adecuado funcionamiento de la institucionalidad debido a la mencionada ley. Y concluyó que, “es necesario reformar esa norma para garantizar los recursos financieros de la universidad pública; para su sostenibilidad, para su crecimiento. Si eso no se corrige, la universidad seguirá en la misma situación de desfinanciamiento que la conducirá, tarde que temprano, a un estado de inviabilidad, de parálisis”.
