DIARIO DEL HUILA, Primer Plano
Para hoy a las 8:00 de la mañana está prevista la audiencia pública con la cual la administración conciliará la situación con los habitantes del asentamiento ubicado en la vía Neiva-El Caguán. Por el momento no habrá desalojo. Los asentados piden apoyo jurídico para negociar.
Los residentes del asentamiento, ubicado al costado derecho de la vía que de Neiva conduce al corregimiento de El Caguán, manifestaron estar preocupados por el posible desalojo a la fuerza, sobre todo, teniendo en cuenta que en el lugar hay niños, niñas, madres gestantes, mujeres embarazadas y ancianos.
El corregidor Carlos Cortés ordenó notificar por aviso con fecha del 5 de septiembre de 2022, la existencia de una audiencia pública, programada para hoy 8 de septiembre a las 8:00 de la mañana con el fin de establecer con la comunidad las acciones pertinente a futuro.
DIARIO DEL HUILA tuvo conocimiento de que por ahora no existirá ningún desalojo a las más de 1500 familias allí ubicadas, orden que solo un Juez tiene la autoridad de darla y solo en sede judicial con trámite debidamente sentenciado.
Como se indicó, el de la Ley 1801 de 2016 es un proceso policivo y no judicial mediante el cual se pretende establecer el rumbo de la problemática.
Advirtió un ciudadano, quien pidió omitir su identidad, que la comunidad tiene que empezar a desplegar actos posesorios para cumplir con los requisitos que exige el proceso de prescripción adquisitiva de dominio o de pertenencia, que es la vía legal para que los allí instalados puedan acceder al derecho de dominio sobre la propiedad. Además, indicó, porque este es un predio que estuvo mucho tiempo abandonado, sin nadie que lo usufructuara.
La comunidad manifestó también que existe mucha discriminación por parte de los ciudadanos aledaños y los funcionarios públicos. Afirmó que ellos no son ningunos delincuentes y no están allí de mala fe. Por el contrario, dijo, lo hace como una forma de presión para ser escuchados por las autoridades competentes y, en esa medida, puedan lograr una solución a la problemática de vivienda.
Un habitante del asentamiento, quien decidió omitir su nombre por seguridad, expresó que, “nos están vulnerando el derecho a un proceso justo debido a que no tenemos a nadie que nos represente. Le pedimos ayuda a la Defensoría del Pueblo pues somos gente humilde, trabajadora, y necesitamos organizar nuestra vivienda. No estamos pidiendo regalado nada, solo buscamos llegar a un acuerdo para que nos vendan o que el Gobierno tome medidas a favor de nosotros”.
Según Lina Johana Beltrán Sánchez, madre de cinco niños, y también habitante del asentamiento, indicó que fue la fuerza la que los obligó a tomar esa decisión. “Nosotros no cogimos este predio porque queramos sino porque lo necesitamos; porque aquí hay papás, mamás cabeza de hogar que no tenemos dónde vivir. Nosotros queremos el diálogo, que vengan para hablar que nosotros entendemos la situación.
Le pedimos al alcalde y al presidente que vengan y miren para que se den cuenta que no tenemos para comer, mucho menos para un abogado que nos defienda”.
Las personas no están pidiendo nada regalado. Lo que están exigiendo es un acuerdo justo que les garantice la vivienda. Así lo indicó Claudia Patricia Beltrán Sánchez, también habitante de la zona. “Aquí hay gente que necesita. Pedimos el favor que nos colabore; que no nos regalen nada pero que nos permitan pagar como un arriendo.
Si pagamos 500 mil pesos por un arriendo, por qué no vamos a pagar para un lote que ya es de uno. Yo no tengo trabajo. A mí no me dan trabajo por el problema de la epilepsia. Yo sufro de epilepsia. Entonces que por favor nos colaboren así sea asignándonos un lote y que se pueda pagar”.
Desacuerdos con el censo
Otro residente del asentamiento que también decidió omitir su nombre, respecto del censo, expresó que quienes fueron a realizarlo, no acudieron al lugar acordado sino que se llevó a cabo en la entrada del corregimiento, permitiendo que personas ajenas a la problemática pudieran inscribirse. “El señor alcalde hizo el censo en otro lugar, menos donde le habíamos dicho. La verdad no me parece bien lo que él hizo. Está mal porque él debió hacer el censo adentro de la comunidad y no por fuera.
Lo hicieron en la entrada de El Caguán. Hay muchos niños, abuelos, ancianos, mujeres embarazadas. Yo por lo menos tengo mi bebé ahí conmigo y me da miedo que vengan a atropellarnos y por eso decidimos dejarnos censar pero aquí en donde estamos”.
Respecto del censo, Andrés Felipe Martínez, Director de Convivencia y Seguridad de Neiva, dijo que, “hemos intentado diálogos permanentes con la gente pero ha sido totalmente infructuoso.
La gente se opone al diálogo; intentamos hacer procesos de censo en compañía de la Secretaría de Vivienda y no encontramos la voluntad por parte de ellos para dejarse diagnosticar. No hemos podido. Hemos intentado hablar con ellos desde la ocurrencia de los hechos con Procuraduría, Personería del Pueblo.
Hemos actuado de acuerdo al debido proceso con gestores de convivencia. Y nosotros seguimos prestos al diálogo pero es muy difícil cuando no se tiene voluntad”.
Indicó el funcionario que algunas de las personas que lograron censar aparecían con propiedades de hasta cuatro bienes y que, por obvias razones, hay personas que no se dejan censar.
Cada uno carga su historia
Este Diario conoció de la existencia de personas desplazadas por la violencia que, según ellas, llegaron al lugar como un modo de supervivencia. Misael Gutiérrez, uno de esos despojados por culpa del conflicto armado, dijo que “muchas personas no tenemos vivienda. Por ejemplo en el caso mío, yo no tengo dónde vivir. Yo soy una persona que no puede ni trabajar porque sufro de reumatismo. Mire como tengo las manos. Además, yo soy desplazado por la violencia y ya hace nueve años que no sabemos qué es un auxilio de nada. Nosotros queremos que nos solucionen la vivienda. No la pedimos regalada pero que nos den una opción; una solución que podamos pagarla en cuotas”.
Nubia Marín Sarmiento, también desplazada por la violencia, afirmó que “pedimos que nos den una forma de pagar el lote. O que nos organicen en un plan de vivienda digna que podamos pagar según nuestra condición económica. Hace quince años fuimos desplazados por la violencia de Vegalarga. Y por eso queremos que nos ubiquen, pero que por favor nos ayuden con la vivienda para poder vivir”.
Este medio informativo intentó establecer comunicación con el Alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, pero fue imposible debido a que se encontraba cumpliendo una agenda en la ciudad de Bogotá. Finalmente, se espera que tanto las autoridades como la comunidad lleguen a un acuerdo que beneficie a todos de manera equitativa y justa para que cese el conflicto en la zona.
