Diana Sofía Giraldo
Las reacciones del gobierno colombiano en política internacional están poniendo seriamente en duda los postulados democráticos y de defensa de los derechos humanos que llevaron al poder al Pacto Histórico. Ya tienen encendidas las alarmas en el Continente.
El reciente trino del Presidente Gustavo Petro: «Revivió Pinochet», para referirse a la decisión soberana del pueblo chileno que rechazó por una mayoría del 61% la nueva Constitución, fue considerado no sólo irrespetuoso sino abiertamente antidemocrático. Avergonzó hasta a sus electores. Esto trinó el respetado jurista Rodrigo Uprimny: «Trino inaceptable. Yo estaba a favor de que ganara el apruebo y me entristece el resultado, pero fue un resultado democrático y no un restablecimiento de la dictadura».
Al lado de la posición extremista del Presidente colombiano, las declaraciones del expresidente de Bolivia, Evo Morales, lucieron sobrias y con estatura: «Saludamos la vocación democrática del pueblo chileno que participó pacíficamente en el referéndum Constitucional».
La preocupación se había iniciado con la ausencia de Colombia en la sesión extraordinaria de la OEA que condenó la represión y la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Esta ausencia fue «justificada» por la Cancillería por «razones tanto estratégicas como humanitarias y no ideológicas» y ampliada por una columna del periodista Daniel Coronell que atribuyó la ausencia, según sus fuentes nicaragüenses, a que «Colombia está adelantando una gestión humanitaria ante la dictadura de Daniel Ortega para lograr la liberación de al menos 14 presos políticos». Sin embargo, William Grisby, uno de los propagandistas del régimen de Ortega, en su programa de radio «Sin fronteras» cerró esa posibilidad y aseguró que la propuesta del gobierno Petro consistía en que «Colombia reconocería el fallo de La Haya (favorable a Nicaragua desde 2012) a cambio de que entreguen a los presos políticos». El amigo de Ortega pidió a Colombia el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. «Qué te parece? Entonces, ¡no hermanito, por Dios!, así te manden de mensajero a San Pedro. Primero, no estamos pidiendo nada diferente a que reconozcan el fallo del máximo tribunal del planeta”.
Preocupa mucho saber qué es lo que está pensando el Presidente sobre el manejo del diferendo limítrofe con Nicaragua y si un tema tan delicado puede ser objeto de transacción.
Y, como si fuera poco, causó mucha molestia la carta que firmó el Presidente Petro de respaldo a Cristina Kirchner en donde descalifica a la justicia argentina. Los fiscales pidieron 12 años de condena para la vicepresidente por delitos de corrupción. Sectores muy respetados de ese país le cuestionaron su injerencia en asuntos internos de la justicia argentina y su silencio cuando se trataba de condenar a regímenes totalitarios como Nicaragua y Venezuela.
Al Presidente bien le valdría recordar su propio trino, en julio de 2017, cuestionando la intromisión de Santos en asuntos de Venezuela: «Nuestra Constitución le ordena a nuestro Presidente respetar la autodeterminación de los pueblos como nuestra política exterior».
