Álvaro Hernando Cardona González
Se debate un proyecto de Ley para revivir la Jurisdicción Agraria. Se ha presentado como “proyecto para solucionar los líos de tierras”. Aspectos que ameritan opinar en la misma línea que expresamos con las columnas “Sobre la reforma agraria” que publicamos el pasado mes de julio.
Antes debe mencionarse, sobre este mismo aspecto, que en el reciente Comunicado No. 26 de la Corte Constitucional, con el cual este órgano jurisdiccional da a conocer anticipadamente los alcances de la sentencia SU-288/22, sobre bienes baldíos y procesos judiciales de pertenencia, la Corte en la parte resolutiva, dos veces exhorta al gobierno para que proponga la creación de la jurisdicción agraria.
Comentarios, dos. Primero, el proyecto radicado por el Gobierno parece apresurado. Es de apenas seis artículos. Y, como todos los gobiernos anteriores, la derecha, el centro y la izquierda han hallado un punto común, es decir, descuidan la Justicia y no la encuentran como pilar fundamental del Estado. Estos seis artículos se centran en la Corte Agraria y Rural, cuando más importante es crear jueces y repartirlos por el territorio, definir con absoluta claridad sus competencias, cómo estas, ejercidas hasta ahora por jueces civiles, pasarán a los nuevos togados, y presupuesto.
Crear la jurisdicción, que sí es una necesidad apremiante y ayuda en fortalecer la Justicia que sobre todo necesita de más jueces y funcionarios, y recursos, no solucionará “los líos de tierras”. Mucho menos, como lo afirmó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, esto hará del campo “un lugar más productivo”. Tal vez contribuirá hacerlo más equitativo, pero aún así tampoco eso será por añadidura, pues mucho en las falencias de nuestra Justicia también está en el talento humano, donde está muy ausente el sentido común y el valor institucional.
Segundo, se habla de que esta jurisdicción contribuye a la paz. Por ahora será muy poco, porque para que los jueces puedan fallar en materia agraria con eficacia, se requiere inaplazablemente ordenar adecuadamente el territorio. Este es el orden: 1) Identificar y alinderar los bienes baldíos que aún quedan; 2) Identificar los adjudicables de los inadjudicables (la sentencia SU-288 vuelve a insistir en estos dos requisitos lógicos); 3) Dotando de seguridad jurídica a las certificaciones de las oficinas de registro de instrumentos públicos y modernizar el catastro, por supuesto, consolidando y culminando el catastro multipropósito; 4) Fortalecer el desarrollo rural, porque no basta el dominio o propiedad, sino poder trabajar y producir; 5) Medio ambiente: ¿cuándo no? Sin agua y calidades de suelo, es imposible producir.
Ojalá se aprovechara esta iniciativa para crear la jurisdicción agraria y ambiental. Eso sí es querer fortalecer la Justicia.
