| Por: Harold Salamanca |
Apenas han transcurrido los primeros 40 primeros días del nuevo gobierno, y debe enfrentar uno de los escenarios más complejos que afectan de forma estructural la economía y de paso el bolsillo de los colombianos. Hablamos de temas críticos por resolver como: el trámite de una reforma tributaria que tiene como principales fuentes de ingreso a las personas naturales, el incremento de los precios de los combustibles, que el estado no puede seguir subsidiando, la inflación desbordada como resultado del incremento desmesurado de los precios de los productos básicos de la canasta familiar, la escalada de la tasa de cambio, y la revisión de las tarifas del servicio de energía eléctrica, que se han incrementado en los últimos 12 meses en el 25,9%.
Respecto de las tarifas del servicios de energía eléctrica, es pertinente anotar que a pesar que existe la ley 142/94, conocida como Ley de Servicios públicos domiciliarios, que propende por el control de escenarios abusivos de posición dominante por parte de los prestadores de servicios públicos, el estado no ha podido o no ha querido, ejercer su función de regular la formula tarifaria del servicio de energía y la determinación de los costos y márgenes de cada una de las actividades inmersas en la fórmula de prestación del servicio, que incluye: generación, transmisión, distribución, comercialización.
En esta fórmula intervienen distintos actores, cada una con sus estructuras de costos de operación, propias de su actividad, y con márgenes de utilidad lejos del control y supervisión del estado, incluso frente al uso de recursos como el agua utilizada (sin ningún costo) por las empresas generadoras de energía para producirla. Con el agravante, que en esta estructuración tarifaria, ninguno de los actores que intervienen y que se lucran (sin límite) asumen riesgos financieros, técnicos o logísticos, todos los cobran a los usuarios, en la factura en los componentes tarifarios de restricciones y otros costos.
Es deber constitucional del estado, fijar la política pública de los servicios públicos, ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las entidades que los prestan, velar por el uso adecuado de los recursos naturales, permitir el desarrollo de la sana industria de generación y comercialización de energía, proteger a los usuarios de las posiciones dominantes de los mismos, diseñar una estructura tarifaria justa, donde el sacrificado no sea siempre el usuario final. Señor Presidente, usted tiene todas las herramientas legales para salir en defensa los usuarios, por favor actúe.
