Por: Ernesto Cardoso Camacho
Con la designación y respectiva asunción de funciones de sus miembros principales, ha comenzado de verdad el nuevo gobierno.
De igual manera, los partidos con representación en el Congreso han definido su postura política frente al ejecutivo conformando una fuerte coalición de amplias mayorías que asumen la responsabilidad, por lo menos durante el primer año de la legislatura, es decir hasta el 20 de julio del 2023, de apoyar las iniciativas del presidente dirigidas a cumplir sus propuestas con las cuales logró acceder al poder.
No cabe duda. El Pacto Histórico asumió el compromiso del cambio y sus aliados en el Congreso han asumido la responsabilidad de coadyuvar a que éste sea una realidad. La democracia ofrece tales oportunidades y los ciudadanos seremos vigilantes para exigir los resultados.
Por ello, es importante precisar cuáles son los propósitos. Para definirlos el presidente Petro fue claro en su alocución oficial donde ha convocado a la masiva participación ciudadana en apoyo a los Diálogos Regionales que habrán de concluir en el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento de planificación y asignación de los recursos públicos que se invertirán en su gobierno.
Justicia económica, social y ambiental para facilitar la superación de la pobreza; igualdad regional y territorial en la distribución de tales recursos; consolidar el Acuerdo de Paz de la Habana específicamente en relación con la reforma agraria integral que estimule la agroindustria y garantice la seguridad alimentaria; y conseguir la paz total que haga de Colombia una “potencia de la vida”. A ello habría que agregarle el deseo de la vicepresidenta de que podamos “vivir sabroso”.
La coyuntura no es nada favorable. Un enorme hueco fiscal cercano a los 80 billones de pesos. Un entorno global de la economía caracterizada por la inflación; la escasez en la oferta de productos básicos alimentarios y de insumos para la industria; dificultades en el suministro energético especialmente en Europa; efectos preocupantes por el cambio climático; inestabilidad y desgaste del sistema democrático; incremento del fenómeno migratorio; son entre otros, factores que harán más difícil el cumplimiento de las promesas electorales de cambio.
A nivel interno, además de la aguda crisis fiscal y el fuerte crecimiento de la violencia y la criminalidad estimulada por el narcotráfico y las expectativas de la propuesta de la paz total; están generando incertidumbre e incrementando la inseguridad. Por otra parte, el objetivo de acelerar la transición energética fundamentada en prohibir el fracking; suspender los nuevos contratos de exploración petrolera y de gas; prohibir la minería de gran escala y ratificar en el congreso el Acuerdo de Escazú; constituyen un freno a la inversión extranjera que genera empleo de calidad al tiempo que disminuye ostensiblemente los ingresos fiscales que aporta el sector, con los cuales se financia buena parte del gasto público.
En este claro escenario es evidente que no la tienen nada fácil el presidente y sus aliados. No obstante, es necesario reconocer que la inteligencia, las capacidades y la acumulada experiencia del gobernante quien conoce muy bien la estructura del Estado, su paquidermia burocrática, las debilidades y veleidades de la clase política, son elementos que le permitirán enfrentar los retos asumidos.
Sin embargo, para alcanzar con éxito los objetivos propuestos de lograr un cambio estructural en tan corto tiempo de su mandato, el equipo de gobierno es un factor determinante, así como el apoyo de sus aliados en el legislativo.
En relación con su equipo de gobierno es evidente que sus más cercanos colaboradores responsables de carteras decisivas como son los ministerios de Interior, Defensa, el Canciller, de Minas y Energía, de Salud, de Agricultura y de Justicia; están generando dudas e incertidumbre más que certezas. De igual manera, otros nombramientos los ha realizado en personas cuestionadas con aparentes problemas de inhabilidades o incompatibilidades, desafiando valores éticos y morales que generan rechazo en la opinión.
En conclusión, es evidente que el gobernante acude a la mermelada para asegurar la lealtad de sus aliados en el congreso, lealtad que como ya se observa, dependerá de su cantidad y calidad. En este escenario, corre el alto riesgo de que la opinión ciudadana se sienta frustrada frente a la promesa de combatir la corrupción.
Quizá consciente de ello, ha convocado a la masiva participación ciudadana en los diálogos regionales donde se estructurará el Plan de Desarrollo, en el cual plasmarán sus objetivos del cambio prometido, en clara estrategia política de presionar sus mayorías del congreso para que le aprueben en éste primer año sus principales reformas legislativas dirigidas a cumplir sus diversas promesas electorales.
Mientras tanto los ciudadanos estaremos vigilantes del gobernante y de sus aliados, reclamando una reforma estructural a la justicia y al régimen político y electoral, con las cuales se ponga verdadero freno a la agobiante corrupción, propósito que concitó más de 20 millones de votos.
