La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción por $3.106 millones a 51 agentes de mercado y 19 personas naturales, por violar la libre competencia en 259 procesos de selección adelantados por la Corporación Autónoma Regional del Canal Del Dique. Estos procesos tenían como objeto la limpia, relimpia y mantenimiento de canales, arroyos y otras cuencas hidrográficas, así como el mantenimiento y reforzamiento de los jarillones en 21 entidades territoriales del departamento de Bolívar.
De acuerdo con la investigación, los agentes de mercado se habrían cartelizado en procesos de selección “al repartirse los contratos mediante la conformación de 53 sub-carruseles, situación que eliminó la competencia propia de la contratación pública”, asegura la Superintendencia.
Así las cosas, fueron sancionados seis funcionarios y ex funcionarios de La Corporación Autónoma Regional del Canal Del Dique, “quienes habrían facilitado y tolerado las conductas anticompetitivas participando en la estructuración de los procesos de selección, elaboración y aprobación de sus pliegos de condiciones a favor de los agentes de mercado que participaban como proponentes”.
La actuación administrativa por parte de la Superindustria inició tras una comunicación de la CGR, recibida en enero de 2018, por medio de la cual fueron trasladados los resultados del informe de auditoría adelantada en La Corporación Autónoma Regional Del Canal del Dique (Cardique).
Ahora, la Superintendencia determinó que los sancionados ejecutaron un acuerdo para actuar de manera coordinada y repartirse los contratos derivados de 259 procesos de selección de Cardique, en el que eliminaron las presiones competitivas propias de la contratación pública y resultaron adjudicatarios de forma deliberada y predeterminada.
“Teniendo en cuenta que se evidenció que el acuerdo anticompetitivo acá sancionado pudo materializarse gracias al comportamiento facilitador por parte de un número de funcionarios de Cardique de alto nivel, la Superintendencia de Industria y Comercio estima necesario alertar a la entidad mencionada e invitarla a que implemente un programa de cumplimiento en libre competencia, con el fin de que preste atención al comportamiento de sus funcionarios y los proponentes de sus procesos, en aras de evitar que a futuro se vuelvan a configurar conductas anticompetitivas como las analizadas”, finalizó.
