Así las estadísticas oficiales, afirmen que se ha disminuido los niveles de violencia en el país, las familias colombianas se encuentran inermes ante el incremento real de casos de asesinatos, lesiones, atracos, hurtos, invasiones y demás manifestaciones de agresión de delincuentes y organizaciones criminales, a los cuales estamos expuestos permanentemente, porque han desbordado el accionar de las autoridades en todas las regiones del país. Cuando creíamos que durante el presente accionar gubernamental, íbamos a tener la oportunidad de reducir estos indicadores, se ha generado un aumento de estos casos que transgreden el Código Penal Colombiano y que están colocando en serios aprietos al sistema judicial colombiano.
Diariamente suceden asesinatos en nuestro territorio. Así lo difunden los medios de comunicación. Continúa esta racha de hechos violentos que han estremecido a Colombia, al tiempo que ha dejado ver, con crudeza y en un marco de dolor, la compleja situación de inseguridad que se vive en varias regiones del país y que nuestro departamento no se sustrae de dicho flagelo.
Tienen en común estas regiones una transformación en el funcionamiento y de la presencia de economías ilícitas, entre las que se encuentran, el narcotráfico, minería ilegal, contrabando, extorsión, entre otros actos delincuenciales que vienen fortaleciéndose desde tiempos pretéritos. Estas organizaciones criminales controlan estas actividades ilícitas, lo que a su vez les permite tener la manija del orden social y regular la convivencia, dada una evidente ausencia estatal. Es una realidad, al tiempo, un auge sin precedentes del narcotráfico a causa de una disparada de la cantidad de hectáreas dedicadas a cultivos ilícitos, se dio pie a sangrientas disputas por alcanzar la supremacía en cada uno de estos lugares. Lo preocupante es que se incluye la regulación de la vida cotidiana, ´por parte de estas organizaciones criminales.
Y como si fuera poco, hoy hacen presencia en el país, nueve carteles de la droga procedentes de México. A todos estos actores violentos de origen colombiano, los une el nutrirse de los dólares que les proporcionan estas organizaciones extranjeras, principales compradores de la pasta de coca. Además, son los principales causantes de los asesinatos selectivos de los lideres sociales en los departamentos donde irradian sus tentáculos criminales. Dicho escenario ha puesto a la población civil, una vez más en nuestra historia, como carne de cañón. Sobre todo, a los jóvenes. Coinciden los expertos en que los asesinatos selectivos, como en el pasado, regresan como atroz herramienta para pisar duro en una zona en disputa. Y así, a través del amedrentamiento de la población y de los posibles enemigos, consolidar un dominio que permite no solo llevar a cabo los negocios al margen de la ley, sino cobrar extorsiones, procurarse una retaguardia y asegurar, por medio del terror, el silencio de la gente.
