Por: Ernesto Cardoso Camacho
De las diversas ofertas programáticas que durante su campaña electoral hizo el presidente Petro, no hay duda de que la más polémica fue la denominada PAZ TOTAL.
Ahora en el ejercicio del gobierno, se ha conocido con mayor claridad en que consiste dicha oferta y a que sectores armados y no armados, pero al margen de la ley, está dirigida o cuáles van a ser sus eventuales beneficiarios.
Para entrar en detalle, conviene recordar que cuando se conoció la propuesta en plena campaña; por lo exótica e inusual; el candidato y sus asesores dieron el giro hacia el concepto de la PAZ SOCIAL; como respuesta a los diversos sectores de opinión que consideraron que su alcance no podría llegar a quebrantar el ordenamiento jurídico, pues en la práctica equivaldría a una amnistía o indulto, donde algunos de los potenciales beneficiarios no tendrían ese derecho constitucional.
Al tiempo, se supo que efectivamente el propio hermano del candidato y la aspirante al senado Piedad Córdoba, habían ingresado a la cárcel de La Picota para discutir la viabilidad de la propuesta, con los reclusos condenados e imputados por narcotráfico; delincuentes de cuello blanco; exparamilitares; y miembros de las disidencias de las Farc, así como de las llamadas bandas criminales.
Pues bien. Mes y medio después de configurado el gobierno, es decir, en plenas funciones tanto el presidente como los ministros; ha regresado a la discusión pública el concepto original de PAZ TOTAL y se han conocido los primeros contactos oficiales con el ELN; las manifestaciones públicas de algunos extraditables; el apoyo a la propuesta de Mancuso y la intención de acogerse a dicha propuesta por algunos voceros del “clan del golfo”. En relación con los llamados delincuentes de cuello blanco no se ha conocido hasta ahora ningún avance al respecto.
En el claro entendido que la propuesta oficial del gobierno es compleja y genera muchas suspicacias, es necesario abordarla con suficiente rigor jurídico, aunque desde luego también con inevitables criterios ideológicos y políticos.
La primera sensación se ubica por los lados de quienes consideramos que el concepto mismo de paz total es objetivamente inalcanzable, dado que la historia se ha encargado de demostrar que nunca, ninguna sociedad, ha logrado alcanzar este paradigma de convivir sin conflicto alguno, es decir, en completa tranquilidad y armonía.
Por tanto, tal concepto debe entenderse en otro contexto, más pragmático y posible de alcanzar. Para ello, conviene decirlo de una buena vez. Tienen hoy el Estado y nuestra sociedad, las condiciones necesarias para promover y aceptar unos nuevos acuerdos donde se privilegie al delincuente, armado o no; en los cuales se absuelvan delitos de lesa humanidad o aún algunos de menor trascendencia en el ordenamiento penal colombiano?.
Por otra parte, es indispensable y urgente que el gobierno comunicara con total transparencia hasta donde y con quienes pactaría esa Paz Total. Pues es indiscutible que la sociedad no podría avalar una misma absolución para los actores violentos armados; y al mismo tiempo cobijar con esta a quienes han desfalcado el tesoro público en su desmedida codicia por el dinero y el poder.
De igual manera, es imprescindible distinguir el tratamiento hacia narcotraficantes hoy sometidos a la espada de Damocles de la extradición; pues para ello existe dicha figura jurídica en nuestro ordenamiento penal, donde además se involucra el legítimo interés legal de la nación norteamericana que ha resultado víctima de la exportación del narcótico.
En relación con los integrantes de las llamadas bandas criminales, las que hoy nadie puede discutir con validez que su gran negocio criminal es la explotación del narcotráfico, surtidores de los grandes carteles mundiales; actividad ilícita en la cual despojan, asesinan, y luchan entre sí por el control territorial. A estas no podría tratárseles entonces como simples delincuentes comunes ni menos aún otorgarles un estatus político o subversivo que sin duda alguna no tienen.
Ahora bien. Queda en este escenario el actuar criminal del ELN, agrupación histórica que surgió para combatir la institucionalidad democrática buscando acceder al poder por la vía de las armas. ¿A esta se le dará el mismo trato que a las Farc en el Acuerdo de la Habana?
Por último. ¿Merecen las llamadas disidencias de las Farc una segunda oportunidad cuando provienen de haber firmado un Acuerdo y su actividad principal es el narcotráfico?
Como se observa, el tema es tan complejo como generador de mucha suspicacia e incertidumbre. Ojalá el gobierno, su coalición en el Congreso y la opinión ciudadana puedan debatir ampliamente la propuesta, pues está en juego un futuro crucial que nos podría conducir a una nueva frustración.
