Por: Carlos Tobar
Después de mucho escándalo salió la aprobación en primer debate del proyecto de ley de reforma tributaria. La llamada pomposamente: ‘Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social’.
Fue el producto de agudos debates entre el gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, y varios sectores sociales: empresarios, clases medias y consumidores de estratos bajos que, terminarán siendo los realmente afectados por la reforma fiscal.
Debate público y en medios, porque en el Congreso, a excepción de algunos miembros de las comisiones Terceras de Senado y Cámara, la mayoría de esas comisiones utilizaron el socorrido método del pupitrazo para aprobar el proyecto de ley en primer debate.
Como lo señalé en un artículo anterior, la propuesta gubernamental terminó siendo inocua para los grandes capitales nacionales, pero principalmente extranjeros (los sectores que de verdad obtienen ganancias extraordinarias en el mercado interno colombiano), protegidos por normas superiores como las normas comerciales de la Organización Mundial de Comercio – OMC, los Tratados de Libre Comercio-TLC y, los Contratos de Estabilidad Jurídica.
Recordemos el párrafo final del proyecto de ley que reconoce estos condicionamientos: “los contribuyentes que hubieren acreditado las condiciones para acceder a las tarifas diferenciales y demás beneficios tributarios derogados o limitados mediante la presente ley, podrán disfrutar del respectivo tratamiento durante la totalidad del término otorgado en la legislación bajo la cual se consolidaron las respectivas situaciones jurídicas”.
Lo más triste fue comprobar en la práctica que, la soberanía económica, pero especialmente la fiscal la perdimos hace varios años. Y, pero aún, que este gobierno agachó la cabeza ante esa realidad sin atreverse a confrontar los poderes omnímodos del gran capital.
Es tan aberrante el sometimiento de los gobiernos a los dictados de los organismos y las normas internacionales que protegen los intereses del gran capital que el gobierno y los ponentes, a motu propio, decidieron retirar más de 20 artículos de la ponencia final porque violaban algunos de los preceptos establecidos por la OCDE, los TLC o la OMC.
A modo de ejemplo, señalemos que retiraron los días sin Iva, porque la propuesta alternativa del ministro Ocampo para mantenerlos solamente para productos de origen nacional, violaba el principio de igualdad para los productos de origen extranjero de empresas de países con los que Colombia tiene Tratados de Libre Comercio.
El resultado final es que los 22 billones adicionales que recaudará el gobierno Petro, recaerá principalmente sobre las empresas y los trabajadores nacionales que no pueden escaparse a la alcabala gubernamental. Los mismos de siempre.
Un “triunfo” pírrico.
