En Colombia, durante los últimos días se ha venido celebrando la aprobación del Acuerdo de Escazú, tratado regional sobre los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales para la región de América Latina y el Caribe. En el marco del segundo debate de la Cámara de Representantes, se ratificó el Acuerdo el pasado 10 de octubre con un total de 120 votos a favor y se espera pase a conciliación en el Congreso de la República para su posterior sanción presidencial para establecerse como una Ley de la República.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, liderado por la ministra Susana Muhammad, se pronunció al respecto y dijo que, “este es un triunfo de la juventud y esperamos honrarlo con un plan de implementación para que podamos tener más participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales, más intervención y defender a quienes defienden el ambiente”.
Frente a las dudas que se tienen sobre la soberanía del país al ingresar a ser parte del Acuerdo el Acuerdo, explicó que, el Acuerdo de Escazú no afecta la soberanía de Colombia, lo que hace es mejorar el acceso a la información pública y va a mejorar la inversión del país con información y condiciones claras. La implementación del Acuerdo según la jefe de cartera de ambiente, “una vez sea sancionado por el jefe de Estado”, se llevará a cabo en cinco acciones a corto plazo como lo son la política de manejo de la información ambiental, la estrategia de acompañamiento a defensores ambientales, para ampliación de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, el apoyo a la creación y fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y por último, el sistema de información sobre conflictividad socioambiental.
El profesor de la Universidad Católica de Colombia Hernán Felipe Trujillo, experto en el área manifestó que, el Acuerdo de Escazú corrige las asimetrías de información de los grupos de interés que afectan los valores socioambientales, lo que ha llevado al Estado colombiano y a las empresas a asumir costos de pleitos judiciales por impactos de hechos socioambientales que, según el docente, pudieron evitarse con el acceso a la información y a la efectiva participación de las comunidades.
“Es una gran oportunidad para los sectores económicos que desarrollan proyectos de alto impacto para que tengan certeza de sus actuaciones y mejoren su relacionamiento con las comunidades, aumentando su valor en términos de sostenibilidad, que mejora el valor de las empresas que cotizan en bolsa”, dijo Trujillo, mientras aseguraba que con este acuerdo se espera la reducción en los tiempos de resoluciones de conflictos, lo que mejoraría la seguridad jurídica a través de los costos de contrato, que funciona como “uno de los determinantes de la inversión extranjera directa”.
De otro lado, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), indicó que Colombia cuenta con instituciones y normatividad de participación robusta en materia ambiental. “Por esto, no necesita del Acuerdo de Escazú y por el contrario este conlleva a graves riesgos como la parálisis de proyectos estratégicos públicos y privados al entregar a organismos multilaterales las soluciones a diferencias entre los Estados”, dijo Lloreda.
Finalmente, el presidente Petro en su cuenta de Twitter celebró la ratificación en donde Colombia pasaría a ser el país número 14 en firmar de los 24 de la región. “Ha sido aprobado como ley el tratado internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y las y los ambientalistas. Felicitaciones al Congreso y a la sociedad colombiana”, manifestó el mandatario.
