Fue uno de los hitos latinoamericanos de la pasada cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas en Madrid (COP25): la firma del Acuerdo de Escazú por parte de Colombia. Este tratado regional “establece estándares de protección más altos para la defensa de la vida de las personas defensoras ambientales y para garantizar su derecho a participar en asuntos ambientales que puedan afectarlas”, remarca Yeny Rodríguez, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA),
Esta victoria fue celebrada por la sociedad civil colombiana que inundó las redes sociales alabando este avance, ya que supone “el reconocimiento de lo que implica ser un defensor ambiental en Colombia”, dice, satisfecha, Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad.
“Si bien el Acuerdo se firma en el marco del gobierno de Iván Duque, desafortunadamente, este no fue una prioridad dentro del gobierno nacional”, lamenta Torres. “Sin el acompañamiento de un gobierno es muy difícil que un proyecto de ley avance”, dice la también portavoz de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil que ha impulsado la tramitación de dicha ley en el Congreso.
Escazú es un instrumento de pisos mínimos, establece lo básico. El reto, sin duda, está en la reglamentación temática y sectorial, en donde se deben integrar enfoques transversales, como el biocultural y de género, y se deben reconocer las formas de gobernanza y de gobierno desde abajo, desde las comunidades. En esencia, es un puente entre la democracia y la democratización ambiental.
