Por: Jorge Eliseo Cabrera Caicedo
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia –CUT, se pronunció esta semana apoyando la reforma tributaria en curso, por considerar que consagra “el criterio progresivo en materia fiscal”, pero sigue considerando “improcedente gravar las pensiones”, en razón a que sería “un precedente negativo hacia el futuro, ya que podrían seguir gravando pensiones cada vez más bajas y, segundo, la sentencia de la Corte Constitucional C-177 de 1988 precisa que la pensión de vejez es fruto del ahorro forzoso del trabajador durante toda la vida laboral y no se trata de un subsidio o una dadiva que otorgue la nación. Es, un reintegro de lo debido al trabajador. La Corte es clara en afirmar que la pensión es un derecho constitucional de amplia configuración legal. Y la sentencia es insistente en asegurar que se trata de un derecho que no es gratuito, pues surge de una acumulación de cotizaciones y de tiempos de trabajo efectuados por el trabajador. En este sentido exigimos del congreso, eliminar del articulado de la reforma, el correspondiente al gravamen de las pensiones”.
Firman el comunicado Francisco Maltes Tello, presidente, y Pedro Luis Arango Sánchez, secretario general.
Es de destacar el amplio rechazo al gravamen a las pensiones de todas las organizaciones sindicales del País, de destacados columnistas, y de todos los sectores políticos representados en el Congreso de la república, en forma total o parcial, aun dentro de la bancada del Pacto Histórico, por lo cual creemos que el gravamen a las pensiones no será aprobado en las plenarias de Cámara y Senado de la república.
Así mismo, seguramente serán disminuidos racionalmente algunos otros de los gravámenes propuestos para no afectar en materia grave la economía del país, el empleo, la inversión, la seguridad energética y el futuro bienestar de todos los colombianos.
Confiamos en la discusión serena y sensata en las plenarias de Cámara y Senado sobre la reforma, la cual no se dio en las sesiones conjuntas de las comisiones tercera, como está consagrado en la ley y la Constitución Nacional.
No queremos más “pupitrazos”, ni un gobierno sordo a sus propios militantes y aliados, a los intereses de la nación y de todos los ciudadanos.