La Procuraduría General de la Nación, solicitó a los 32 gobernadores y a 64 alcaldes de distritos y municipios certificados, para que realicen u un informe detallado respecto de sus obligaciones para responder sobre la calidad de los alimentos manipulados a los estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
«El reporte de la información debe ser confiable, veraz, y preciso y que él no envió de información conforme a los plazos, condiciones y formatos indicados puede constituir un riesgo para la prestación adecuada de los servicios alimenticios del PAE”, señaló el Ministerio Público en su momento.
Los gobernantes locales también deberán reportar las actividades de inspección, vigilancia y control realizadas en lo corrido del año, precisando especialmente las visitas en sitio realizadas por la administración para verificar las condiciones de prestación del servicio de alimentación escolar, los resultados y las medidas adoptadas, en caso de haber evidenciado falencias en la ejecución.
Así mismo deberán precisar el cronograma de visitas de verificación que se adelantarán en lo que resta del año 2022, indicando la fecha tentativa de su realización, para coordinar acompañamiento del Ministerio Público en estas diligencias.
la Procuraduría General de la Nación informó que se hallaron posibles inconsistencias en el reporte que entregaron las alcaldías de Piedecuesta, Girón y Bolívar (Santander) en los recursos girados a los operadores del PAE.
Según el Ministerio Público, en estos tres municipios se habrían presentado inconsistencias en los recursos asignados y porcentaje comprometido en un escándalo más que se registra en este programa.
