Cuando se creía que la coalición enmermelada que se conformó para apoyar todas las iniciativas al gobierno de Gustavo Petro Urrego, tuvo su primer revés por la no aprobación de una de las iniciativas fundamentales para buscar la anhelada paz total. Se generó un disenso entre los sectores políticos que apoyan la gestión gubernamental. Aparecieron varios artículos que fueron calificados como micos teniendo en cuenta que no estaban en lo aprobado en las comisiones primeras que debatieron la iniciativa en conjunto, pues el proyecto tiene mensaje de urgencia. Uno de los esperpentos jurídicos, estaba relacionado con darle facultad al presidente de la República para indultar a personas capturadas por cometer delitos en medio de la protesta social. Es conciliar con el crimen y la delincuencia que mucho daño le ha hecho al país en las protestas sociales durante los últimos años. El otro, le da al jefe de Estado facultades para realizar sometimiento y acuerdos parciales con estructuras criminales que no son de origen político a través de decretos reglamentarios sin pasar por el Congreso. Ambos artículos fueron negados mayoritariamente.
Dentro del Proyecto de Reforma Tributaria que se encuentra en discusión, se han venido sacando algunos artículos relacionados con las pensiones y otros que están relacionados con el monto de las regalías del petróleo, para que no fueran deducibles. Con ello se modifica la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes público de propiedad de la Nación.
Con ello, se mantiene que las regalías de todo el sector minero que paga regalías no sean deducibles del impuesto de renta por un criterio básico y fundamental: los bienes del subsuelo son propiedad de la Nación, son propiedad pública, del pueblo colombiano. Así la sobretasa al sector petrolero y carbonero dependerá del precio internacional del petróleo y del carbón. Lo anterior empezará a generar confianza en la inversión extranjera, y por ende, el precio del dólar, puede empezar a disminuir su valor, cuya situación tiene en jaque a toda la dinámica productiva del país.
Paralelo a lo anterior, la propuesta de adquirir tres millones de hectáreas durante el presente cuatrienio es imposible, dada la situación macroeconómica que presenta el país. El marco fiscal no les permite cumplir con esta propuesta que tiene con muchas expectativas a los indígenas y población vulnerable. La misma ministra de Agricultura, Cecilia López, ha expresado que, si alcanzan a comprar un millón de hectáreas, serían unos magos. A medida que avanzan los debates en el Congreso de la República, se empieza a desmoronar paulatinamente ese ímpetu arrogante que tuvieron algunos integrantes de sector político del gobierno de turno, porque lo tenían pensado, no va a ser fácil que le sean aprobadas todas las iniciativas que propusieron durante la campaña presidencial.
