Desde el día anterior empezó a correr el reloj electoral para el desarrollo de las nuevas justas electorales que se desarrollarán el próximo domingo 29 de octubre de 2023, para elegir a los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, de acuerdo con el calendario expedido por las autoridades electorales. Por tal motivo, los aspirantes que estaban ocupando cargos burocráticos en la administración pública, con el fin de no inhabilitarse. A pesar de que Colombia transitará un periodo de una campaña electoral trascendental, que más que nunca, por lo que la ha precedido, necesita un ambiente de cordura y de mensajes claros de confianza por parte de la organización electoral. Y es que, como se sabe, en los pasados comicios la Registraduría Nacional tuvo unas fallas protuberantes que causaron controversia por la diferencia entre los resultados que arrojó el preconteo de los votos y los que se revelaron una vez terminada la mayor parte del proceso de escrutinio cinco días después.
Es indispensable que los aspirantes que se sometan al escrutinio sean personas que no tengan cuestionamientos morales, ni investigaciones en los organismos de control, con el fin de brindar una mayor transparencia y confianza en esta etapa electoral que se nos avecina el próximo año. Así se debe reconstruir esa confianza para que candidatos y electores lleguen tranquilos a las urnas, es fundamental. Así lo debe entender, en primer lugar, el registrador nacional, que tiene el deber de corregir la plana como un ineludible compromiso con el país. Y lo deben tener en cuenta también los aspirantes a estos cargos de elección popular y a sus partidos, que, sin dejar de poner las alertas donde se requieran y hacer las denuncias legales que sean necesarias, deben estar alejados de acusaciones sin sustento que exacerben y polaricen.
Ya pasamos por ese espinoso camino. Lo que se necesita es un compromiso común para no repetir los errores. La sociedad colombiana no puede volver a vivir de un clima adverso y crispado, que se convirtió en una tormenta que irrumpió en una etapa polarizada que provocó las más grandes confrontaciones violentas y políticas, en el peor momento posible, y frente a la cual es deber de todos los actores políticos actuar con sensatez y demostrando ser conscientes de que su comportamiento depende salvaguardar un sistema electoral que, con todos sus tropiezos, por mucho tiempo estuvo no solo a salvo de cuestionamientos, sino que, además, fue modelo para la región.
Ponerle fin a esta tempestad y que las aguas retomen los cauces de la confianza en el sistema electoral es un imperativo en este difícil momento en el que la campaña que se nos avecina entre en su recta final. Y en la que, en últimas, está en juego la democracia.