Por: Amadeo González Triviño
La corrupción en Colombia y su manifestación dentro del contexto del panorama internacional, movido por la inseguridad, la ausencia de una administración de Justicia y especialmente por ausencia de orden y seguridad, impunidad, permisibilidad al crimen y el servicio de ella en favor de las organizaciones criminales, de las naciones extranjeras y de los potentados, ha arrojado unos frutos para que se nos ubique en el lugar que hoy en día ocupamos.
“El informe sobre Estado de Derecho realizado por el World Justice Project dejó muy mal parado a Colombia frente a los países del mundo y la región. De acuerdo con el ranking, el país quedó en el puesto 103 de los 140 países estudiados a nivel mundial. A nivel regional, Colombia se ubicó en la posición 21 de los 32 países estudiados en América Latina y el Caribe. Naciones como Perú y Brasil ocuparon un mejor puesto que Colombia.” (Tomado de El Espectador. Pág. Virtual.)
Dicho informe, nos ubica en justicia civil en el puesto 88; en justicia penal en el 119 y en orden y seguridad en el puesto 128, sobre 140 países.
Hace algunos días, hemos pregonado entre otras cosas, que la Constitución Política del año 1991, establece una serie de principios, garantías y derechos fundamentales, que han terminado por ser simple letra muerta, cuando las ramas del poder público, siguen propiciando ese esquema de ingobernabilidad a su vez, evaluado por ésta misma agencia internacional, nos ubican en situación aún peor, y acentuada en forma alarmante en los últimos cuatro años.
Las libertades no están garantizadas, más allá, de la ausencia de controles por parte de los entes encargados para ello, y por consiguiente, la corrupción no se detiene, la injusticia y el abuso de esos derechos fundamentales, a pesar del gran poder que ha desplegado la Acción de Tutela, no alcanzan para hacer conmover a los operadores judiciales, en procura de garantizar los derechos mínimos en gobernabilidad, en acceso a la administración de justicia y especialmente en obtener una pronta e inmediata solución a los problemas ciudadanos.
Siempre, ha sido una constante, pregonar la urgencia de una reforma a la administración de justicia. Varios intentos se han concretado dentro de un ciclo que no ha arrojado frutos y ha servido para enmascarar las formas de arbitrariedad, de impunidad, de alta criminalidad, la inseguridad de los colombianos, pese a los altos costos de esas reformas, no ha funcionado.
Es evidente que ese proceso de desmoronamiento de nuestro Estado Social de Derecho y el lugar que ocupamos hoy en día, es fruto de la ausencia de un verdadero propósito que debe estructurarse desde el Congreso de la República y extenderse a las ramas del poder público, sin que el manto de la impunidad o del apoyo al delito se deje sentir, como se siente hoy.
No existe una política criminal, ésta ha sido mal direccionada y mal manejada, por cuanto con un exagerado garantismo procesal, se ha propiciado el crecimiento de las formas de delincuencia organizada y ocasional y han surgido hasta lo que se ha conocido como el cartel de la toga, entre otros, y con una u otra condena, se quiere garantizar que dicho flagelo ha desaparecido, cuando en el fondo, seguimos ausentes de un garantismo jurídico, como el que seguimos esperando.
Un amigo, respetable profesional del Derecho, difunde un mensaje que dice: “Jueces y Fiscales, harían bien en apersonarse mejor de su rol como delegados del pueblo en la protección de sus garantías y derechos”. Mi respuesta, por ahora es: “sigamos soñando, sigamos soñando…”
