Por: Luis Alfonso Albarracín
Producto de la situación económica que viven los colombianos, la moto se ha convertido en el principal medio de transporte de las familias por los bajos costos y la fácil locomoción por las diferentes vías de las ciudades y el campo. La movilidad vial es un escenario complejo donde los actores demuestran, mediante su comportamiento, concepciones sobre el tránsito, la conducción y la seguridad, no muchas veces consecuente con el bienestar común de las demás personas. Las recurrentes infracciones de los conductores de estos peligrosos velocípedos, son una manera de percibir estas desafortunadas concepciones, cuyos efectos son los altos índices de mortalidad, lesión y daños por causa de accidentes. Se presentan reiterados casos de violación y aleve de las normas de tránsito por personas que parecieran no mostrar consideración alguna por quienes padecen las consecuencias de sus tropelías.
Paralelo al incremento de estos velocípedos que están circulando en las vías colombianas, se ha desatado una ola de inseguridad, que tiene muy preocupada a la sociedad colombiana. En algunas regiones del país, especialmente en nuestro departamento, tenemos este mayúsculo problema, porque son utilizadas para cometer actos delincuenciales, generando pavor y temor en la población. Ya no es seguro andar por las calles de los municipios. Estamos sujetos de ser atracados por estos depravados sociales, que no les interesa la vida, con fin de cometer sus fechorías. Igualmente, las motos son objeto de hurtos y las autoridades se encuentran desbordadas porque no pueden controlar estos delitos que inclusive, se cometen en la plena luz del día, donde las personas se encuentran desamparadas del accionar estatal.
Cuando uno circula por las vías del departamento, se observan el desplazamiento libre de motos sin placas, destartaladas, sin las mínimas elementos de protección, sin Soat y revisión tecno mecánica, entre otros, lo cual refleja una seria amenaza para los demás vehículos y peatones en la vía. Inclusive, aunque parezca risible, cuando existen retenes de control de las autoridades policiales, se ubican a doscientos metros antes y después de éstos, esperando que levanten los puestos de control, para que cientos de motos continúen sus movilizaciones suicidas. De nada valen las campañas de prevención vial. Tenemos un caos vial.
Podemos inferir, que muchas motos que son robadas en las ciudades van a parar a estas localidades, donde no existen controles de las autoridades de tránsito. Estamos viviendo una anarquía en este sector, que debe ser intervenido de manera urgentemente por el gobierno nacional. Algunos alcaldes municipales, salen a prohibir parrilleros, ponerles chalecos y hasta pico y placa a las motos porque son los vehículos más presentes en los robos y en los asesinatos. Actúan desesperados para contrarrestar la inseguridad latente que vivimos, pero no toman soluciones de fondo, pues la culpa no la tiene la moto, la verdadera responsabilidad es del Ministerio de Transporte, de la Agencia Nacional de Tránsito, de las secretarías de movilidad locales y regionales, más otras oficinas e instituciones que no han logrado sentar a ensambladores, importadores, vendedores y usuarios para aplicar reglas y hacer que el Código Nacional de Tránsito funcione en todos los rincones de un país agobiado por los indisciplinados motociclistas.
