Mientras el Gobierno Nacional discutió el Presupuesto General de la Nación (PGN) uno de los ministerios que pidió más recursos adicionales fue el de Minas y Energía, especialmente para el pago de subsidios de energía eléctrica y gas natural. La cartera argumentaba la necesidad de mayores recursos tanto para cubrir lo que se generaría el próximo año como para pagar un déficit ya existente para este. Esto quiere decir que ya notaba una falta de recursos para girar a los comercializadores.
Es importante recordar que, si bien existe el modelo de subsidio cruzado, en el que los estratos 5 y 6 pagan un saldo adicional para apoyar el pago de los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, por lo que se requiere de dinero proveniente del PGN. Por ejemplo, para el cuarto trimestre 2022, el Ministerio estimaba que se requerían recursos por $900.000 millones para este giro, que se incorporaría como rezago (dado que es para cubrir una deuda de la vigencia anterior).
El Gobierno apropió recursos por menos de lo que pedía para este servicio, con lo que se pagará el rezago de 2022 y algunos meses de 2023 (dado que no cubre la totalidad de lo estimado por la cartera). En total, el Gobierno tiene cuentas por pagar a estas compañías, por un valor de $1,2 billones, por el acumulado de algunos meses, según explicó José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.
John Jairo Toro, gerente de Air-e, aseguró que desde julio no han recibido el pago. Cada mes, por cuenta de los subsidios, la empresa que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, genera cerca de $45.000 millones en subsidios y hasta el momento, la deuda alcanza los $150.000 millones. Al parecer, esta situación se extiende a otras prestadoras del servicio. En el caso de Compañía Energética de Occidente, su saldo a octubre superó los $35.000 millones. Omar Serrano, su presidente, señaló que el Ministerio de Hacienda ya ha dado señales de buscar los recursos para pagar esto “asumiendo deuda”.
Es así como, Carlos Solano, líder de Asuntos Regulatorios de Celsia, explica que lo analizan como un problema de corto plazo. Si bien la deuda es por un semestre de la operación, este año esperan que se pague un trimestre y el otro se solucione el restante. Este tema se suma a las dificultades de caja que están teniendo los comercializadores por cuenta de la deuda generada por la opción tarifaria vigente durante la pandemia.
Esta es una herramienta que permite congelar el precio del kilovatio, por lo que la diferencia entre el valor real y el cobrado se acumula como deuda. Una vez finalizada la opción tarifaria, los comercializadores pueden ir aumentando el precio con el fin de recuperar esta cartera. No obstante, la situación no ha sido así y la mayoría de las empresas están por debajo aún del precio que deberían cobrar para recuperar este dinero. La consecuencia es que las comercializadoras están afectadas en sus balances y Solano resalta que es el problema de más largo plazo. El valor total a recuperar por parte de las prestadoras en el primer trimestre era de $3,26 billones y hasta octubre superaba ya los $4,5 billones.
Esto generaría dificultades financieras para las compañías, especialmente las que no tienen el músculo financiero para sostener las cifras en rojo, por lo que llamó a encontrar salidas. El esfuerzo que suponen estos dos puntos podría incluso poner en riesgo la estabilidad financiera de algunas de las prestadoras del servicio de electricidad. Solano apunta que aún no están en una situación preocupante, aunque espera que se reciba este año el pago de subsidios. Igualmente, otros factores como las pérdidas de energía y la cartera vencida, agravan la situación que ya es compleja en algunas regiones.
Finalmente, en el marco del Pacto por la Justicia Tarifaria, una de las tres resoluciones emitidas por la Creg permitía que las comercializadoras diferieran los pagos de opción tarifaria que debían hacer entre septiembre y diciembre. Esta cifra será pagada después de enero de 2023 en un plazo de 18 meses.
