Cuatro han sido las víctimas mortales por mina antipersonal en el primer bimestre de este año
La escena es angustiante. A orillas del río Murindó, en Antioquia, un puñado de indígenas embera ayudan a embarcar en una lancha a un niño de su comunidad, de tan solo 12 años, que minutos antes pisó una mina antipersonal sembrada en su resguardo, un territorio sagrado para ellos, que se disputan los actores armados ilegales.
El nombre del menor es Plinio Dogarí Majoré y es apenas uno de los 27 colombianos que, en los dos primeros meses del año, resultaron afectados por estos artefactos explosivos, cuyo uso desde hace décadas se volvió popular entre guerrillas y grupos organizados para contrarrestar la ofensiva de la Fuerza Pública y estructuras enemigas en las zonas que controlan.
