El senador Carlos Fernando Motoa, uno de los ponentes de la iniciativa, explicó que los puntos que generaban mayor controversia sobre el proyecto ya han sido eliminados de la ponencia.
Diario del Huila, Política
Para marzo de 2021 quedó aplazada la discusión de la ley que pretende reformar el sistema de salud colombiano y reglamentar la ley estatutaria 1751 de 2015, que regula el derecho a la salud en el país.
A través de sus redes sociales, el senador Jorge Enrique Robledo y el representante a la Cámara Jorge Gómez celebraron el retiro de la ponencia radicada en la Cámara de Representantes.
La que se había presentado en el Senado fue retirada por un problema de firmas, luego de que el senador Carlos Fernando Motoa denunció que la firma que aparecía en el proyecto no era la que él utilizaba para sus actividades en el Congreso.
Robledo aseguró que fue un triunfo de la resistencia civil ante un proyecto que a los ojos de varios empeora la ley 100, las condiciones de atención en salud de los colombianos y el trabajo del personal de salud.
Sin tiempo
La suerte del proyecto, sin embargo, ya estaba echada desde hace varios días, pues por tiempos era muy difícil que la iniciativa se alcanzara a discutir antes del próximo miércoles 16 de diciembre en comisiones conjuntas.
Para ayer había sido citada una reunión de ponentes para discutir el futuro del proyecto luego de los problemas que se presentaron con la firma de Motoa, que terminaron dejando sin tiempo a la iniciativa para ser discutida.
El proyecto, que tendrá que volver al ruedo en la próxima legislatura, ha enfrentado críticas por parte de asociaciones médicas, sindicales y de defensa de la salud por considerar que no es el idóneo para garantizar el derecho a la salud de los colombianos y porque, según sus opositores, profundiza los problemas que afectan al sistema de salud en el país.
Como eje central, y uno de los puntos más criticados, el proyecto 010 en su texto inicial proponía el cambio de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) a la denominación legal de Aseguradoras en Salud (AS).
Permitía además, por una sola vez, que las EPS pudieran transformarse, fusionarse, escindirse o liquidarse y que se estableciera un régimen único en salud que integrara los regímenes contributivos y subsidiados para que no existieran diferencias en los beneficios equivalentes a la población de cada régimen.
Críticas a la iniciativa
Según, Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, el proyecto afianzaba un modelo de salud mercantilista y privatizado, que convirtió la salud en un negocio y que no promueve el cumplimiento y el ejercicio del derecho fundamental a la salud.
El senador Carlos Fernando Motoa, uno de los ponentes de la iniciativa, explicó que los puntos que generaban mayor controversia sobre el proyecto ya habían sido eliminados de la ponencia.
Por ejemplo, señaló, se eliminó el cambio de nombre de las EPS por Aseguradoras de Salud, porque era un proceso costoso, que generaba inestabilidad jurídica. Se eliminó igualmente un polémico artículo que cobraba una cuota moderadora al paciente por incumplir la gestión del riesgo o incumplir las citas médicas.
Sin embargo, dijo, siguen haciendo parte del proyecto temas importantes para fortalecer el sistema de salud como el concepto de gestión integral del riesgo, que otorga responsabilidades a los actores del sistema para prevenir enfermedades y promover la salud y el enfoque familiar y comunitario del sistema.
“Se mantiene el concepto de medicina familiar, un tema de atención básica importante. Y se establece una modificación en la ponencia que tiene que ver con los gerentes de hospitales de las ESES. Hoy son de libre nombramiento y remoción por parte de gobernadores y alcaldes dependiendo si el hospital es de nivel municipal o departamental. Hoy se está proponiendo en la ponencia que se realicen nuevamente los concursos de méritos en esos hospitales”, explicó el senador.
El proyecto de Ley 010, iniciativa del Ministerio de Salud que plantea una reforma a este sistema, “profundiza un modelo que no garantiza el derecho a la salud”.
Así lo plantea Mario Hernández, coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional, para quien “la pandemia mostró inequidades acumuladas de clase, etnia, género y territoriales, además de una gran concentración en la atención individual sobre la prevención. En ese sentido, proponer que el Estado se dedique a regular, puede ser dañino”.
El docente intervino durante el debate académico organizado por las universidades Nacional, de Antioquia y la del Valle para analizar la iniciativa legislativa, que ha sido secundada por más de 90 congresistas.
