Aníbal Charry González
En reciente visita a nuestra región, el Superintendente de Subsidio Familiar Luis Guillermo Pérez, junto con el director de la intervenida Caja de Compensación del Huila Juan Carlos Carvajal, dieron declaraciones a los medios acerca de la intervención de la entidad, que en su oportunidad en este mismo espacio consideré como indebida, atropellada y violatoria del debido proceso, que demuestran desconocimiento, despiste o desorientación de la situación real de la Caja y del objeto mismo de la intervención que se ha dicho es para rescatar la salud financiera y la credibilidad de la empresa social.
Pues bien: entre esas declaraciones, el superintendente respecto del plan de salvamento que se supone fue el objeto de la intervención, manifestó que sí estaba funcionando porque “ durante el 2022 se han entregado más de 911.000 cuotas alimentarias, más de 45.000 subsidios para la canasta familiar, más 69.600 servicios de educación y más de 380.000 afiliados se han beneficiado de los servicios recreativos. De igual manera más de 37.600 cuotas para subsidio escolar, se han colocado más de 19.400 créditos, 2.257 afiliados que recibieron el subsidio de emergencia de protección al cesante y 410 personas han accedido al subsidio para la vivienda VIS”.
Los estupefactos lectores de estas declaraciones que tuvieran un mínimo conocimiento de las funciones sociales de la Caja que se venían cumpliendo exitosamente con utilización transparente de los recursos parafiscales, se preguntaron a cuál plan de salvamento se refiere el superintendente gestionado por los directores interventores, cuando eso era exactamente lo que hubiera hecho eficientemente el defenestrado director, cuando se sabía que los problemas financieros de la entidad no gravitaban alrededor de una mala administración de sus funciones sociales, sino del programa de salud que debía prestar en condiciones insostenibles que llevaron a su liquidación y se venía reclamando infructuosamente por la entidad presentando un verdadero plan de salvamento que no fueron atendidos, para intervenirla espuriamente con foráneos, al parecer con fines distintos a lograr el buen funcionamiento de la Caja.
Pero lo que confirma de manera fehaciente el despiste del superintendente, es haber afirmado que estaban estudiando la posibilidad de recuperar los supermercados que venían dando pérdidas desde el 2012, cuando se vendieron sus activos suscribiendo un contrato de arrendamiento a 10 años, que no se sabe cómo se podría rescindir sin someter a la Caja a millonarias indemnizaciones para tratar de rescatar una actividad que no corresponde estrictamente a su misión social, que tiene una competencia feroz y se sabe que seguirían dando las pérdidas que llevaron a su enajenación.
Insisto, pareciera que la intervención se hubiese hecho con propósitos distintos a un planificado plan de salvamento para despojar a los huilenses de su administración, cuando se anuncia ahora que puede continuar hasta 2 años cuando se había dicho concretamente que era por un año para rescatar la entidad, que solo podía hacerse pagando la millonaria deuda del sistema de salud que no puede hacer la Superintendencia y menos con improvisados y foráneos directores, que fue la que la llevó a la crítica situación de Comfamiliar.
