La sociedad colombiana está cada vez más sorprendida con el actuar presidencial de estar brindándole gabelas y beneficios a todos los delincuentes de este país que han afectado con su estilo criminal el bienestar general de las familias colombianas. El sábado anterior, el presidente Gustavo Petro Urrego, anunció que nombrará a los jóvenes detenidos en las protestas de 2021 como gestores de paz. Esta figura les permitiría a muchos quedar en libertad antes de Nochebuena. Con mucho esfuerzo y con la afectación de más de 500 integrantes de la fuerza pública que salieron lesionados y algunos de ellos asesinados cobardemente por algunos integrantes de estos grupos de la primera línea, cuyo accionar contribuyó a través de sus actos terroristas para generar zozobra y caos, como nunca se había visto en el país, es considerado un mal mensaje para la sociedad en general.
Con estas medidas, se da un ejemplo negativo para que todas las nuevas generaciones empiecen a generar actos vandálicos, muertes, saqueos, lesionados, daños a la infraestructura del transporte y establecimientos públicos y privados, secuestros, en fin, todo accionar que riñe con el Código Penal Colombiano, porque saben que van a quedar en libertad con la anuencia del gobierno nacional, con el sofisma de distracción de ser gestores de paz. Aun que esta figura ha sido utilizada anteriormente por gobiernos anteriores, nos parece que las autoridades deben revisar estrictamente cada uno de los casos de estos criminales que solo saben cometer delitos contra la sociedad colombiana.
Una de las figuras más polémicas, pero no por ello extraña, en las democracias de Occidente es la del indulto presidencial. Pretérito remanente de esos tiempos en los que la voz del emperador no tenía discusión. El indulto presidencial representa una olímpica negación del principio democrático de separación y equilibrio de poderes: el Ejecutivo borra las decisiones del poder judicial; y allí donde se utiliza, las discusiones están siempre a la orden del día.
Pero este anuncio presidencial de sacar de la cárcel a un número amplio de miembros de la primera línea, utilizando para ello la figura de los gestores de paz ha sido rechazada por la mayoría de la opinión pública. No se trata del indulto inicialmente planteado, pero en la práctica el Ejecutivo buscará la excarcelación de un grupo importante de esos procesados antes de Nochebuena. De hecho, el anterior fin de semana el presidente volvió a cuestionar la legitimidad de los procesos judiciales contra los detenidos. La facultad de todos los gobiernos para buscar la paz nadie la pone en duda. Pero en este caso, las señales que se han enviado apuntan a que se estaría usando la figura del gestor para cambiar el curso judicial de un proceso penal que el gobernante no comparte.
