El fiscal General, Francisco Barbosa, se pronunció frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro de nombrar gestores de paz a los jóvenes de la Primera Línea para dejarlos en libertad de la cárcel antes de la Navidad.
“El ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”, le dijo Barbosa a la revista Semana, para el fiscal este hecho no solo sería ilegal, sino que menoscabaría la independencia de los poderes públicos que debe caracterizar a una democracia.
“Hasta tanto se siga aplicando la legislación establecida en el Código de Procedimiento Penal, que determina que para revocar una medida de aseguramiento privativa de la libertad deben desaparecer los fines que dieron lugar a la misma, esto es peligroso para la comunidad, peligroso para la víctima y un riesgo de obstrucción a la Justicia”, completó.
Los actos por los cuales se juzga a más de 230 personas que habría sido miembros de la llamada Primera Línea, entre los cuales hay cargos por concierto para delinquir, terrorismo, lesiones personales y tortura, entre otros, no guardan relación con la protesta social, como ha alegado el Gobierno de Petro.
Además, indicó que no se les ha violado el debido proceso a los implicados, que las decisiones de los jueces se han basado en las pruebas contundentes que han aportado los fiscales.
Hasta ahora, de acuerdo con Semana, han sido nueve los condenados por los episodios violentos que sucedieron en el país durante el movimiento de protesta ocurrido en mayo de 2021.
