“Le preocupa a la Procuraduría es, hasta qué punto la ley le entregó libertad completa al Presidente de la República para poder determinar quién es o no vocero que aporten a la conflictividad social”, manifestó la procuradora Margarita Cabello.
Recientemente se conoció que el Gobierno expidió el Decreto 2422 del 2022, por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que tendrá como tarea fundamental “la coordinación y articulación para la ejecución de la facultad presidencial de admitir como voceros a ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad”.
Al respecto la procuradora general Margarita Cabello, manifestó que esa libertad absoluta no debería ser dejada únicamente al presidente sino que el Congreso debería ser quien condicione y reglamente dicha ley.
“La ley crea unos nuevos voceros que puedan aportar a los procesos de paz, estos nuevos voceros deben tener reconocimiento de esos grupos armados por un lado, y además el consentimiento expreso de esos grupos armados. Podría entregarse a una comisión intersectorial la regulación de cómo van a escogerse esos voceros”, resaltó Cabello.
