DIARIO DEL HUILLA, ACTUALIDAD
Si bien el balance del paquete legislativo del Gobierno Petro en este primer período fue importante ya que logró sacar la totalidad de las iniciativas que presentó, las expectativas están puestas en lo que serán las reformas que están proyectadas para 2023, como la de salud y la laboral.
Aunque la ministra de Salud Carolina Corcho sostuvo que previo a radicarse el proyecto de reforma a la salud debido a las discusiones que deben darse entre los distintos actores del sistema, lo más seguro es que se radique durante el primer trimestre del 2023.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es la voluntad que tiene el Gobierno de eliminar las EPS en su papel de aseguramiento, pues estima que no están funcionando. Prueba de ello son el más del centenar de EPS que han sido liquidadas en los últimos 30 años. El nuevo Gobierno apuntaría hacia un sistema público de aseguramiento que gire los recursos directamente a los operadores.
“Planteamos una transición entre todos para ir haciendo el desmonte progresivo de las EPS e ir saneando las deudas con las clínicas y los hospitales” aseguró la ministra de Salud.
La reforma laboral
Por su parte, la ministra de Trabajo Gloria Ramírez invitó el pasado mes de agosto a todas las partes para iniciar mesas de diálogo y abordar los temas que contendrá la reforma laboral. Si bien la agenda comenzó en el último trimestre de este año, la construcción del texto final se presentará en la primera legislatura del 2023.
“Esta reforma laboral la vamos a construir con las partes involucradas, o sea, empresarios, trabajadores a través de sus centrales sindicales y vamos a llamar a la academia, para que nos acompañe”, dijo Ramírez.
Entre los propósitos puntuales de la reforma está volver a establecer que la jornada nocturna comience a las 6 de la tarde, revirtiendo lo que hoy es a partir de las 10 de la noche. También buscará suprimir los contratos temporales, así como establecer un salario mínimo vital y móvil, estabilidad laboral y protección especial a la mujer.
Otras reformas
Sin duda será una de las discusiones más fuertes en el Congreso y en los diferentes sectores de la sociedad, como ya se ha visto en los últimos meses por las manifestaciones del presidente Petro en favor de poner el fondo público por encima de los fondos privados de pensiones.
La reforma integral al Sistema de Protección a la Vejez, como la ha denominado el Gobierno, se basará en tres pilares: el pilar solidario con una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente y que cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión; el contributivo, para las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos y harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones.
Y el tercer pilar para personas que tienen ingresos por encima de los 4 salarios mínimos que hacen aportes adicionales al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, AFP.
La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha dicho que “es una reforma estructural, no es una reforma paramétrica, lo que estamos buscando es cómo generar mayor cobertura para que todos los adultos mayores que hoy están por fuera de la posibilidad de tener una vejez digna tengan unos elementos que les permitan a través del apoyo del Estado liberar sus recursos y así potenciar una vejez con dignidad y que no vivan de la caridad de sus familias”.
Finalmente, en un acto en que se entregaron condecoraciones a magistrados de las altas Cortes la semana pasada, el presidente Petro dijo que un nuevo intento de reforma al sector judicial debe enfocarse en tener más jueces, mayor independencia y un impulso a la justicia restaurativa.
“Necesitamos más jueces, es decir, más dinero, más independencia de la rama judicial. Necesitamos, quizás, un paso mayor como una justicia restaurativa que logre indemnizar a la víctima. Que logre devolver hasta el máximo posible a la condición que existía antes del delito a la víctima. La justicia restaurativa, más jueces y más independencia, me parecen que son los ejes centrales que debe contener, hoy por hoy, un proyecto de reforma judicial”, sostuvo el mandatario.
En el tintero
Quedan pendientes y son un reto también las conversaciones del Gobierno con los grupos armados al margen de la ley. El ‘Clan del Golfo’, los ‘Pelusos’ y las disidencias de las Farc, son algunos de los actores que están pendientes del piso jurídico que debe tenerse para avanzar en la ley de sometimiento.
Esta normatividad establecerá las condiciones y requisitos para que los grupos armados interesados en la propuesta de paz del presidente Petro puedan hacerse partícipes en los diálogos con el Gobierno, con miras a su sometimiento a la justicia.
En la ley de sometimiento también se establecerán los beneficios penales que recibirían los integrantes de estas organizaciones por dejar la actividad criminal, incluso conservar un porcentaje de los bienes obtenidos de forma ilícita.
Es previsible que la norma, que como se dijo lleva más de dos meses de discusión en la entraña del Gobierno, sea radicada a principios del próximo año para que empiece a ser debatida a partir de marzo, cuando se reintegra el Congreso a sus labores.
