Medidas estrictas tomará el Gobierno Nacional con las que pondrá en marcha la apuesta del plan de austeridad para el 2023. Evaluar recortes a los contratos de vigilancia y seguridad, aumentar los requisitos antes de poder contratar a alguien por prestación de servicios y demás medidas son las apuestas de Gustavo Petro para el 2023.
Según el borrador de un decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda, se busca que el Gobierno nacional evite al máximo esta modalidad contractual y que se promueva la contratación de planta. Este martes 27 de diciembre se conoció que el Ministerio de Hacienda prepara un documento con el cual establece el primer plan de austeridad del Gobierno Nacional.
Incluso, se espera que el mismo mandatario quien firme la reglamentación que hace varios ajustes, sobre todo en materia de contratación. El documento establecería mayores requerimientos para contratar a un funcionario a partir de la modalidad de prestación de servicios. Así las cosas, para que un contrato de este tipo pueda ejecutarse, tendrá que ser justificado a detalle, incluyendo número de proyectos, cifras de procesos, el tiempo por el cual se necesitará el apoyo de esa persona, la gestión mensual y “las razones de la complejidad del servicio a contratar”.
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El trámite para contratar por prestación de servicios, en ese orden de ideas, será mayor, pues abarcará también más papeleo y firmas, justamente para evitar un mayor uso de esa modalidad. Sumado a eso, las entidades estatales tendrán que agilizar el nombramiento de aquellos que son contratistas, como funcionarios de planta. Concretamente, el decreto también señala que no se podrá justificar el uso de este tipo contractual en el hecho de que necesitan más personal aun cuando ya tienen vacantes por más de un semestre.
Austeridad
Frente a esto, ya hay una orden presidencial de reducir el uso de los contratos por prestación de servicios y, en general, de otras actividades y dependencias en al menos un 30 % durante el próximo año. Otra disposición reflejada en el documento tiene que ver con la reducción a los contratos de seguridad y vigilancia privada. Cada institución debe evaluar “la viabilidad de implementar dispositivos tecnológicos como cámaras, alarmas u otros dispositivos, con el fin de reducir el gasto con este tipo de contratos”.
Además, el borrador del decreto destaca que podría haber un incentivo a aquellas compañías que ofrezcan servicios centrados en el uso de herramientas tecnológicas de seguridad y no tanto en la vinculación de personas.
Por último, en el rubro de la publicidad, esta debe pasar por un primer filtro que es el del Departamento Administrativo de la Presidencia —Dapre— a fin de que se evite el gasto de recursos públicos en elementos de mercadeo y regalos como agendas, lapiceros, libretas, pocillos, etcétera; también con esto se busca que todos los funcionarios y contratistas paguen tiquetes aéreos baratos, con excepción de viajes internacionales cuya duración sea igual o superior a las ocho horas, y eliminar el pago de teléfonos corporativos.
