Los emisarios del Gobierno se han movido “como Pedro por su casa” en varias cárceles del país: traslados de capos, promesas y divisiones. Así se mueve la paz del presidente Petro.
El próximo 18 de enero se instalará en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí una mesa de diálogo para la paz total, estará integrada por varios capos del crimen del Valle de Aburrá que llegaron hasta el penal en los últimos días de diciembre.
Todo el movimiento lo hizo la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Desde varias cárceles del país llegaron José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; y Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert, quienes en su momento fueron los hombres fuertes de la Oficina de Envigado y el último era el capo de la banda Pachelly. Entre los tres se puede resumir el narco que impera en el Valle de Aburrá.
Se espera que esta misma semana lleguen a Itagüí, desde más cárceles del país, otros 16 capos, así quedaría lista la mesa con la que el presidente Gustavo Petro quiere traerle la paz a Medellín. Todos estos movimientos se han hecho con el mayor sigilo, en grandes camionetas y con la venia de supuestos líderes sociales. El secretismo y las cartas de ida y vuelta han traído una ilusión extraña para los capos: creen que pueden quedar en libertad, supuestamente ha sido una promesa que les ha llegado directamente desde los enlaces que tienen con el Gobierno.
Al parecer, a varios capos se les ha estado hablando de tener el beneficio de la libertad para negociar la paz bajo el Decreto 1081de 2015. Se trata del mismo Decreto con el que el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, le pidió al fiscal Francisco Barbosa que levantara las órdenes de captura a 16 criminales del Clan del Golfo y de Los Pachenca –banda que tiene el control de los negocios ilícitos en Santa Marta y la Sierra Nevada–, solicitud que le fue negada de manera rotunda.
Sobre la negativa del Fiscal, en una movida más que obvia porque nadie les daría estatus político a grupos probadamente dedicados al narcotráfico y la extorsión, el ministro Alfonso Prada no tuvo más que salir a decir que respetan la autonomía de los poderes y que seguirán en la búsqueda de la paz “con las organizaciones a las que se les reconoce estatus político y con conversaciones con estructuras de alto impacto, armadas y del crimen que se mueven en la economía ilegal con miras a que se avance en ese proceso de sometimiento”.
El asunto más delicado de esta historia que se está cocinando en las cárceles desde los tiempos de la campaña presidencial es que por los pasillos de la cárcel de la La Picota –en Bogotá– se rumora que a varios capos supuestamente les han pedido mucho dinero para la gestión de la paz, trámites que incluirían el levantamiento de órdenes de captura. Lo cierto es que hasta los extraditables han estado en comunicación con la Casa de Nariño para pedir pista y, sobre todo, que no los manden a Estados Unidos.
En noviembre, representantes del Gobierno Nacional instalaron la Mesa de Derechos Humanos Paz en la La Picota bajo la resolución 046 de 2022 que expidió el Alto Comisionado de Paz con el fin de sopesar las intenciones de las bandas; la mesa ha pasado insospechada durante este tiempo y se trató de una jugada maestra, pues de esta manera el Gobierno entabló diálogos con los que han movido el negocio del narcotráfico y quienes siguen de una u otra manera con poder dentro de las estructuras criminales.
