Arrancando esta semana se conoció que fueron retenidos al menos 30 integrantes de las Fuerzas Militares mientras desarrollaban operaciones de patrullaje en los sectores Alto Caño Cafre y Alto Caño Ánimas del municipio Vista Hermosa, Meta. Según las primeras versiones, los uniformados —dentro de los cuales hay dos sargentos y un cabo— habrían sido retenidos por integrantes campesinos que, supuestamente, estarían influenciados por grupos residuales de las extintas Farc. Asimismo, se tiene la hipótesis de que estos uniformados fueron abordados por haber violado el cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno nacional desde el 31 de diciembre de 2022.
El gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, afirmó que los soldados no estaban “desarrollando órdenes de captura ni erradicando ni en combates. Lo que hacen es patrullajes normales, o sea que esto no significa que hay una violación al cese del fuego que decretó el señor presidente de la República”.
De paso, detalló que esa zona no es de distensión o despeje y en ese sentido, la fuerza pública debe estar presente allí y en todo el departamento. Asimismo, autoridades locales y regionales —incluyendo la Defensoría del Pueblo— acudieron al municipio tan pronto se conoció la situación, para mediar con la comunidad a fin de que los soldados puedan seguir realizando sus labores en el territorio. Por su parte, los campesinos afirman que requieren es de la presencia del Gobierno nacional, pues aseguran que se les ha incumplido varios acuerdos, motivo por el cual realizaron esta retención.
Mediante un pronunciamiento, el partido Centro Democrático rechazó dicha retención y afirmó que esta se convierte en una acción criminal en contra de los Derechos Humanos. “Exigimos respeto por la vida de los integrantes de la Fuerza Pública y su pronta liberación”, manifestaron también desde la colectividad opositora al gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta acción se suma a la presentada también el 15 de enero, pero en Cauca. Allí, tres soldados del Ejército fueron secuestrados disidencias de la extinta guerrilla, de acuerdo con información entregada por el Comando General de las Fuerzas Militares. El secuestro ocurrió el domingo cuando “los militares, quienes se encontraban de permiso, se desplazaban en un vehículo de servicio público” por una carretera entre los municipios de El Tambo y Patía, indicó esa institución en un comunicado.
Los secuestrados fueron identificados como los soldados Carlos Andrés Ocoró Mejía, Cristian Murillo Murillo y José Arcadio Epiayu Urania, que hacen parte de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 2 y del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Pegaso. Según la información, “individuos de civil que portaban armas de fuego se identificaron como integrantes del grupo armado residual ‘Carlos Patiño’”, que hace parte de las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de noviembre de 2016 o retomaron las armas, fueron los autores del secuestro.
Finalmente, a través de un pronunciamiento, las Fuerzas Militares rechazaron estos hechos, “los cuales serán denunciados de manera formal ante las autoridades competentes, teniendo en cuenta que esta acción criminal es una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario”, concluyeron.
