Por: Gerardo Aldana García
El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha llevado a que millones de campesinos hayan abandonado el campo para instalarse en los centros urbanos de las más importantes ciudades del país, acarreando con toda mala suerte de penurias y situaciones que han debido enfrentar como consecuencia de la perdida no solo de sus fincas y con ello la dinámica económica de la cual vivián, sino también el desarraigo cultural inherente a la obligada movilización hacia los centros urbanos. En otros casos, muchas familias y jóvenes rurales han dejado el campo porque creen que la ciudad le puede dar mejores oportunidades en campos como la economía y la educación. Y así, las cifras reportadas por el Gobierno de Colombia, según el Registro Único de Víctimas (RUV), el país tiene un acumulado histórico de casi 8.219.403 víctimas de desplazamiento forzado por eventos ocurridos desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2021. Lo demás, relativo a las funestas consecuencias del desplazamiento, es objeto de amplias investigaciones de orden sociocultural, económico y político de lo cual se ocupan universidades y expertos de orden nacional e internacional.
El tema es que, hoy por hoy se suma a la compleja situación de los campesinos desplazados, la apremiante situación económica mundial que, al golpear fuertemente a las naciones, tiene a Colombia y a sus ciudadanos en doloras calzas prietas por cuenta de la enorme carestía de los productos, con especial incidencia en aquellos de la canasta familiar. El gobierno de Petro y su equipo económico que no logran descifrar y proponer medidas contundentes para enfrentar el colosal fenómeno recesivo, dejan a la población en una incertidumbre verdaderamente asombrosa en donde, pese al incremento inédito del salario mínimo en décadas que ha llegado al 16% para el 2023, el poder adquisitivo está fuertemente disminuido y cada familia, especialmente de las clases baja y media, saben que el dinero alcanza menos hoy que hace seis meses a la hora de hacer las compras de su canasta familiar. Colombia vive ya una clara crisis alimentaria por cuenta de los desbordados precios que no solo afectan el mercado sino la producción en el sector agropecuario.
El preocupante panorama hace que millones de colombianos estén en la tarea de adquirir un lote te terreno en el cual pueda, no solo construir una vivienda en un ambiente campestre vivificante, como viene siendo una motivación importante para la inversión en su propio bienestar, sino que lo hacen hoy por hoy con la certeza de que, sembrar hortalizas, frutales y productos como yuca, plátano, banano, entre otros, se ha vuelto una necesidad para la supervivencia. Las tecnologías para la producción del agro muestran cómo hoy diferentes arreglos agrícolas se pueden cultivar en un mínimo de extensiones de tierra y recursos financieros. En este ámbito, localidades como La Ulloa, a solo 20 minutos de Neiva, se perfila como una de las atractivas alternativas en donde los ciudadanos adquieren lotes de terreno entre 1.000 y 1500 metros cuadrados en los que perfectamente pueden revivir la opción de ser productivos en el campo. Pero otro tanto ocurre con las familias campesinas desesperadas en las ciudades que están a la espera de los cacareados programas del gobierno Petro relacionados con la facilidad de comprar un predio y, eso sí, que les garanticen mecanismos de crédito para que ellos hagan lo que saben hacer: producir. Llegó la hora de adquirir un terreno; es hora de volver al campo. No es solo por el excepcional placer de vivir en el campo, en un ambiente de aire puro y aguas sin contaminación, de un paisaje que deja soñar y de madrugadas bajo el concierto de las aves; es hoy por hoy, una razón de supervivencia
