Un controvertido proceso judicial que ha pasado por muchos despachos, al fin iniciará, luego de seis años. Denuncian pérdida de actividad productiva debido a la represa.
REDACCIÓN INVESTIGACIÓN
DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Lo que parecía un laberinto judicial vio la luz en día pasados con una decisión de la Corte Constitucional, en la que se autoriza seguir con un pleito, donde –aparentemente,- el victimario es la empresa Emgesa.
Se trata de una demanda de ‘reparación directa’ que interpuso Álvaro Vega Sterling y otros empresarios el seis de marzo de 2017 en contra de ésta empresa. Allí, buscaban que se les reparara el daño no solamente material, sino moral por los perjuicios ocasionados con la actividad productiva derivada de la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Además, los demandantes sustentaron sus pretensiones, básicamente, en que la construcción del proyecto hidroeléctrico “desplazó a miles de residentes del área de influencia directa, quitándoles sus trabajos y actividades productivas a otros miles de personas no residentes, quienes no fueron debidamente censados, por lo cual se les excluyó del reconocimiento de las compensaciones ordenadas en la licencia ambiental”.
Un problema de competencia
El problema de los últimos seis años ha girado en torno a un tema, que se presumen deben conocer al dedillo los jueces: la competencia.
Inicialmente la demanda le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Neiva, quien la asumió no solo porque el demandado era Emgesa sino también la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. Pese a esto, inicialmente se inadmitió, y en ese trámite retiraron a ANLA de los demandados.
“El juzgado, por medio de Auto del 12 de octubre de 2017, luego de analizar la composición accionaria y considerar a la sociedad comercial demandada como empresa de servicios públicos de carácter privado, se declaró carente de competencia y dispuso su remisión a la jurisdicción ordinaria, en la especialidad civil”.
De esta forma el expediente llegó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garzón, Huila, mediante Auto del 12 de diciembre de 2017. Allí se admitió la demanda, pero Emgesa lo consideró falto de competencia. “El juzgado afirmó que asumió el conocimiento por considerarse competente para ello”.
Pese a lo anterior, el conflicto de competencia pasó a manos del Tribunal Superior de Neiva (Sala Familia-Laboral) allí se cita al Tribunal Administrativo en el siguiente sentido: “mediante providencia del 29 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo del Huila, señaló que, al haberse declarado la obra del proyecto hidroeléctrico El Quimbo como de utilidad pública e interés social, a la sociedad comercial EMGESA, beneficiaria del proyecto, se le impuso la carga de asumir las compensaciones.
Esta carga, a juicio del tribunal, “son una función administrativa que está sujeta al derecho público y al control de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”. Así las cosas, el juzgado de Garzón devolvió el expediente Consejo Seccional de la Judicatura. En este sentido, el 16 de marzo de 2021, el expediente fue radicado en la Corte Constitucional.
El alto Tribunal de lo constitucional hace poco dirimió esa aguda controversia que tuvo un pequeño desgaste de seis años, definiendo, no más, quién iba a resolver el pleito. De esta manera, de ahora en adelante, el competente para asumir es el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Neiva.
Los reclamantes
En esta oportunidad los reclamantes son muchas personas que dependían del trabajo en el río o de tierras que antes trabajaban y ahora están inundadas.
De modo que próximamente quizá haya una nueva decisión con los reclamantes de las compensaciones por la construcción de El Quimbo. En diciembre de 2020 el Tribunal Administrativo del Huila declaró responsable del impacto ambiental sobre el río Magdalena a la multinacional y al Ministerio de Medio Ambiente (MinAmbiente). Entonces reconoció a los pescadores como víctimas de este proyecto.
“… Fue esta obra la que impidió en gran medida el ciclo ambiental de los peces en toda la zona que comprendía la misma represa de Betania, disminuyéndolo en gran porcentaje, pues si bien toda la comunidad colombiana se beneficia con la producción de la energía de El Quimbo, los demandantes perdieron su medio de subsistencia que era su modo de vida: la pesca artesanal en la zona ya indicada”, dijo el Tribunal Administrativo del Huila en ese momento.
Todo el proceso legal inició en 2014, cuando los pescadores que laboraban en un tramo del río Magdalena, entre la represa El Quimbo y Betania, decidieron demandar para pedir la protección de sus derechos colectivos y las garantías para preservar un ambiente sano.
Los demandantes aseguran que cuando comenzó el llenado de la hidroeléctrica, no solo se disminuyeron los caudales del río, sino que no fueron retirados los restos de vegetación, que al final quedaron bajo el agua y terminaron por agotar el oxígeno y eso afectó a las especies acuáticas.
Lo que piden
Los demandantes pretenden que se declare responsable a la sociedad comercial denominada EMGESA S.A. – ESP, responsable de los perjuicios materiales y morales, que cuantificaron, por no habérseles reconocido las indemnizaciones que dicen tener derecho, por haber perdido o disminuido su actividad económica productiva desarrollada en la AID, con ocasión de la ejecución del proyecto Hidroeléctrico “EL QUIMBO”.
Piden arresto de representante de ENEL
El 17 de enero de 2022, Asoquimbo presentó ante el Juez Tercero Civil Municipal de Neiva – Huila; un incidente de desacato contra ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Allí se pretende el cumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 19 de diciembre de 2022, el arresto hasta por seis (6) meses de su representante legal y una multa hasta por veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La razón de esta solicitud es que persiste la vulneración al derecho de petición y el acceso a la información de un proyecto declarado de utilidad pública e interés general.
“La restricción de acceso a información de fondo, de manera clara y congruente por parte de ENEL SA ESP, constituye una vulneración al derecho de participación de las comunidades afectadas representadas por Asoquimbo y contraria Ley 2273 de 2022 que aprueba el Acuerdo de Escazú, especialmente en lo relacionado con los derechos de acceso a la información ambiental y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, entre otros”, señala la Asociación en su página web.
Piden a la ANLA revisar afectaciones ambientales
Hace unos días la veeduría ciudadana de seguimiento y vigilancia a la licencia ambiental le envió un oficio a Rodrigo Neret, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, donde le solicita seguimiento a las afectaciones por el proyecto El Quimbo.
En ese sentido, y debido a las serias afectaciones ambientales en distintos municipios del departamento del Huila, provocados, presuntamente, por la construcción del proyecto de la hidroeléctrica El Quimbo, pidieron una explicación.
De acuerdo con Alirio Perdomo, morador de la zona y miembro de la veeduría ciudadana, en declaraciones a un medio de comunicación nacional, señaló que “se vienen registrando afectaciones en las especies de peces bocachico y capaz; entre otras que han presentado hongos en las partes visibles de su cuerpo a lo largo y ancho de su talla, situación evidenciada nuevamente en la pesca realizada los días 30 y 31 de diciembre del año 2022”.
Según la comunidad, las afectaciones no han sido solo en materia ambiental, sino económicas. Dicen que nadie les da trabajo y que toda la vida se dedicaron al oficio de pescar.
