Ernesto Cardoso Camacho
Soy plenamente consciente de que la convocatoria a defender los intereses regionales representados hoy en Electrohuila, emblemática empresa que ha contribuido de manera sustancial al progreso de nuestras comunidades campesinas y en general a la productividad empresarial de los huilenses; no caerá en el vacío; principalmente porque la ha hecho pública, con carácter y conocimiento técnico indiscutible, la exviceministra de Energía BELIZA RUIZ. quien con la autoridad ética y profesional que la caracteriza, prendió las alarmas acerca del entramado politiquero en torno a la designación del próximo gerente.
Las informaciones conocidas a través de los medios de comunicación como La Nación y Blu radio, nos han permitido conocer varias cosas.
La principal de ellas, que nuestra empresa presenta hoy muy bajos indicadores de eficiencia técnica, administrativa y financiera, con ocasión de la evaluación que ella y su equipo técnico realizaron recientemente en Electrohuila y la empresa de Nariño.
Esta revelación corrobora lo que ha venido siendo un secreto a voces que conocen muy bien los trabajadores y funcionarios, así como la organización sindical de la entidad pública, en el sentido que, durante las administraciones de los dos últimos gerentes, Ruiz y Luna; el uno como cuota política del andradismo y el otro del exsenador Macías; contribuyeron eficazmente a dicha situación.
Al respecto, es de notorio conocimiento que Ruiz llegó a la gerencia a representar los intereses políticos del Senador Andrade, quien recibió esa cuota política del gobierno Santos, como contraprestación a su eficiente gestión en el congreso en favor del Acuerdo de Paz, pues debemos recordar que fue ponente del marco jurídico para la implementación de tal acuerdo.
En el caso del ingeniero Luna, hijo del exsocio del senador Macías y familiar cercano del Alcalde de Garzón, quien tenía una hoja de vida con perfil técnico en el sector pero ninguna experiencia administrativa ni financiera, ni en empresas de servicios públicos, requisitos mínimos establecidos en los estatutos de la empresa que tienen origen en la Ley 909 de 2004 y sus respectivos decretos reglamentarios; razón por la cual tuvo el apoyo y la asesoría en su gestión, de la abogada Guarnizo amiga personal y política del senador Macías, quien manejó los hilos de la empresa. De tal gestión, surgió la candidatura a la Cámara de Alexandra Toro, impuesta por el senador y que terminó dividiendo a su partido el CD.
Estos antecedentes deben ser recordados en el propósito de entender con claridad que la designación del gerente, por voluntad de los gobernantes de turno, ha sido un proceso más político que técnico, lo que le da plena validez a lo afirmado por la doctora Ruiz en el mencionado reportaje publicado por La Nación.
En todo este contexto es que la jugarreta politiquera que se ha desvelado genera escozor y pleno rechazo ciudadano. Comprometer mediante un pacto politiquero la gerencia de la empresa, a cambio de un apoyo electoral a la aspiración del exsenador Villalva, con el presunto aval del gobierno gestionado por el asesor jurídico del presidente, el huilense Bladimir Fernández Andrade; constituye un motivo de alarma para los huilenses y los usuarios o clientes, pues se ha establecido que dicho pacto político requiere para su consolidación, el cambio en los estatutos de la empresa que permitiera modificar los requisitos para poder designar una persona sin el suficiente perfil técnico que se exige por la naturaleza de la entidad pública.
Ha quedado entonces en evidencia que la exviceministra Ruiz tiene toda la razón al lanzar la convocatoria pública de defender la empresa.
Así mismo, han quedado sin piso las explicaciones del gobernador Dussán, amigo político del exsenador Villalva, la del jefe Jurídico de Petro, y desde luego de quienes pasarían a ser beneficiarios del éxito electoral de tal pacto.
Ello explica el comunicado del gobernador Dussán conocido hoy, con el cual lo que pretende es disculparse él y al abogado Fernández, protagonistas principales del entuerto que desde luego tiene ciertos actores de reparto que son precisamente quienes han usufructuado irregularmente las prebendas financieras de los contratos y la frondosa burocracia que genera la empresa.
El cuento chino de cambiar los estatutos porque ya se cambiaron en julio del año anterior, hecho que si es cierto pero que lo fue en el contexto de la presunta venta de la empresa donde se despertaron insaciables apetitos, no justifica de ninguna manera el intento actual, por la simple y sencilla razón de que los estatutos no pueden contrariar o prevalecer sobre la Ley. Esta, es potestad exclusiva del congreso y solamente podrían modificarse legalmente si y solo si, hubiese una nueva ley o en su defecto un decreto reglamentario.
En conclusión, estamos obligados todos los huilenses, sin excepción alguna, a defender a nuestra emblemática empresa del asalto de los políticos. Ya basta de abusos y marrullerías.
