Por Juan Pablo Liévano
Este semestre será de una velocidad vertiginosa en el legislativo. El Gobierno tiene listos más de treinta proyectos de ley y actos legislativos. Algunos fueron presentados el año pasado y otros apenas comenzarán su trámite. Hay algunos beneficiosos, que buscan mejorar y construyen sobre lo construido, y otros que pretenden cambios estructurales, sin consideración a los años de desarrollo institucional y a su real conveniencia y beneficio. El Gobierno alista la aplanadora y no escatimará esfuerzos para su aprobación antes de las elecciones regionales. Habrá sesiones extraordinarias y mensajes de urgencia. Respecto a los proyectos, el primero y más importante será el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí se materializa de manera articulada el “cambio”.
El plan se denomina “Colombia, potencia mundial de la vida”, y se sustenta en cinco transformaciones: Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental, Seguridad Humana y Justicia Social, Derecho Humano a la Alimentación, Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática, y Convergencia Regional. Lo que es cierto es que esto, sumado a los diálogos regionales vinculantes, dan para todo. Habrá que priorizar adecuadamente para que haya un impacto verdadero. De hecho, el plan cuenta con inversiones públicas de $1.048 billones para los próximos cuatro años. Lo que ha indicado el Gobierno es que su énfasis es la disminución de las desigualdades y la superación de las injusticias. Habrá que ver qué significa todo esto en artículos concretos, pues la ley del plan da para todo, incluso abusos.
Ojalá no caigamos en el estado benefactor, que simplemente subsidia y no procura las condiciones adecuadas para la generación de empresa y empleo por parte del sector privado. Los otros proyectos de actos legislativos y ley, al final, son parte o se compaginan con el plan nacional de desarrollo. Entre ellos tendremos la reforma laboral. Se pretenderá aumentar los beneficios, como las vacaciones remuneradas, volver a los recargos por horas nocturnas desde las 6 pm e incrementar los recargos de trabajo por horas extras y días festivos. Todo esto pondrá una carga adicional a las empresas en términos de competitividad y la generación de empleo. Igualmente, tendremos la reforma a la salud, que pretenderá prescindir de las EPS y descentralizar el manejo de los recursos. Todo esto suena a politiquería y a un deterioro de nuestro sistema de salud.
Se presentará, igualmente, la reforma pensional, que pretenderá un sistema de pilares para la canalización de recursos al presupuesto nacional, en perjuicio del ahorro individual y las inversiones por parte de los fondos de pensiones. También tendremos una reforma a la educación. Seguramente el énfasis será en el fortalecimiento de la educación pública y no necesariamente la calidad y cobertura del sistema. Finalmente, entre otros, tendremos leyes y actos legislativos de servicios públicos, la humanización penitenciaria, la modernización de la Policía, el Código Electoral, la Jurisdicción Agraria, la Reforma a la Justicia, la Reforma Tributaria Regional y el Campesinado como Sujeto de derechos. Se pretende un revolcón institucional, por lo que se deberán analizar estás iniciativas con lupa, para determinar su mérito y conveniencia en beneficio del país y la ciudadanía.
