Últimamente se ha hablado de la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro reasuma algunas de las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), como una de las medidas para disminuir el precio de la electricidad. Sin embargo, a esto se suma una posible reforma a las leyes de servicios públicos y eléctrica (142 y 143 de 1994 respectivamente).
Al parecer, se conoció el que sería el borrador de esta reforma, que incluye puntos como que los usuarios de los servicios sean dueños de las redes e infraestructura. Según el borrador que se está trabajando desde Presidencia, estos serán “bienes públicos de propiedad colectiva y el prestador podrá remunerar su operación, reposición y mantenimiento, pero no el valor de la red que no ha sufragado”.
Es así como se busca que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sea quien vigile la reglamentación que expida la Creg, lo cual, ha generado preocupación en el sector. De acuerdo con algunos empresarios, este tipo de anuncios y proyectos están generando incertidumbre y desconfianza, por lo que se podría afectar el grado de inversión así como la expansión del sistema, en vista de que las reglas de juego podrían ser modificadas.
Por ejemplo, con respecto a la vigilancia de la Superservicios sobre el regulador, el documento especifica que la Unidad Administrativa de Asuntos Tarifarios se encargaría de “certificar la calidad de la regulación”. Sin embargo, un experto consultado señaló que la Superintendencia no tiene la capacidad técnica para realizar esta función. Explicó que las leyes 142 y 143 se expidieron después del apagón de los años 90 separando al hacedor de política, al regulador y a quien vigila con el objetivo de garantizar la independencia y la estabilidad del sistema.
Al crearse este nivel de control, que no hace parte de las funciones de la Superservicios, se puede afectar este esquema que ha funcionado por 30 años. Otros de los temas que se incluyen en el articulado son que un tercio de las Juntas Directivas de las empresas estatales serán elegidas por los usuarios, para que los represente.
Además, esta reforma contempla que entes territoriales o descentralizados puedan participar como socios de empresas de servicios públicos, privados o mixtas y señala que en aquellas compañías que sean de mayoría estatal, se adoptarán medidas para que esto se vea reflejado en la representación dentro de la Junta. Fuentes del sector manifestaron que esto podría prestarse para que se tomen decisiones políticas y no técnicas con respecto a las personas que hacen parte de este órgano y que se preste para hechos de corrupción.
Finalmente, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, explicó que hasta el momento están iniciando los diálogos con el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Tecnología, Ministerio de Vivienda, así como la Superintendencia de Servicios Públicos. Destacó que hay cosas que deben actualizarse, para incluir temas como los medidores inteligentes. Sin embargo, se debe tener “mucho cuidado”, puesto que las leyes existentes han permitido el desarrollo del sector sin que se generen apagones o crisis. Por ello dijo que esta reforma debe hacerse con cautela y rigor técnico.
