Incluye un mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación. Fuerza Pública seguirá ejerciendo control territorial. Prohíbe a disidentes transitar por cabeceras municipales y corregimientos.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La suspensión de acciones ofensivas comenzó el 1 de enero e iría hasta el 30 de junio de este año. Así quedó pactado en el documento de 9 hojas que firmaron ayer las disidencias de las FARC y el Gobierno nacional que se convierte en el protocolo de cese al fuego bilateral que contiene las reglas que regirán a las partes mientras dure el acuerdo.
El texto firmado por Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz y Andrey Avendaño representante de las Farc Ep- define el cese al fuego bilateral como la suspensión de acciones ofensivas entre las partes por un tiempo determinado.
Además de la firma se crea un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) que emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos que «emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos».
De acuerdo con el protocolo publicado, el Gobierno Nacional deja claro que «como en los demás ceses del fuego, no se suspende el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho».
«La Fuerza Pública seguirá ejerciendo sus obligaciones de seguridad y defensa nacional, así como tampoco se suspende, de ninguna manera, el ejercicio pleno de todos los poderes del Estado», manifiestan el Mindefensa y la Oficina del Alto Comisionado de Paz.
El acuerdo
Dentro de sus lineamientos prohíbe el tránsito o permanencia del grupo armado Estado Mayor Central FARC-EP en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía, así como en vías primarias, evitando cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil.
También habrá acompañamiento por parte de iglesias como la católica y civiles acreditados. En ese orden, el protocolo tendrá un nivel local y otro nacional.
El pronunciamiento oficial puntualizó en que ese protocolo busca el desescalamiento de la violencia armada entre esa disidencia, el Estado y la población colombiana en función de iniciar una negociación pacífica que estaría abarcada en la política de Paz Total.
También establece que el cese al fuego bilateral “tendrá como objetivo principal suspender la afectación humanitaria de la población en general y en particular de las comunidades étnico -territoriales, campesinas y a la Nación, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y el Estado Mayor Central FARC-EP”.
«Este protocolo busca ser un instrumento para el desescalamiento de la confrontación armada y una herramienta de facilitación para el proceso de negociaciones entre las partes», precisa el documento.
Otro protocolo
Al tiempo se activó otro protocolo de tres páginas que permite la movilización de 20 comandantes de esa disidencia hacia un punto determinado del país con el fin de realizar una cumbre de la dirigencia de ese grupo armado entre el 14 y el 24 de febrero. Cinco de esas personas saldrán en libertad provisional de las cárceles de Jamundí, Popayán, Villavicencio y La Picota, en Bogotá, entre otras.
La movilización de estas personas está a cargo del Comité Internacional de la Cruz Roja y contará con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU, la Mapp OEA y la embajada de Noruega en Colombia.
