Con su afán reformista de toda la institucionalidad colombiana, el gobierno nacional pretende radicar hoy el anunciado proyecto de Ley que reformará el sistema de salud en Colombia. Aunque no se conoce su texto definitivo, ha generado serias controversias sobre los anuncios espurios que la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho Mejía que ha realizado en diferentes escenarios académicos, medios de comunicación y otros, donde permanentemente cambian de versión ante las controversias que han suscitado la propuesta que busca transformar la necesidad social más sensible que tiene la población en el país. Aunque se preparan diversas reformas, entre ellas, es la anunciada con bombos y platillos, en medio de una sociedad altamente polarizada como nunca se había visto anteriormente.
Este proyecto se ha convertido en el ojo del huracán, de toda la opinión pública. Como han coincidido los medios de comunicación, la salud, que, como ninguna otra, impacta de manera directa a toda la población, por lo que cada paso que se dé debe estar lo suficientemente evaluado y discutido, sin absolutismos ni imposiciones. Es una gran apuesta, que tendrá esta sensible política pública para las familias colombianas. Se va a abordar un proceso de reforma sectorial, en un marco que tenga como objetivo ineludible la garantía del derecho fundamental a la salud para 51 millones de colombianos.
Para los planificadores expertos en esta temática de la salud, se plantea la importancia de mejorar la prestación de este servicio, que ha venido en decadencia para los sectores poblacionales más vulnerables. Debe involucrarse la prevención y el tratamiento de las enfermedades, al igual que su rehabilitación y paliación, que deben proveerse sin distingos, mediante un modelo de aseguramiento, financiado en su totalidad con recursos públicos a través de servicios prestados con participación pública y privada, en donde términos como la estatización, monopolios o discriminación no tienen cabida.
El Congreso de la República tiene la palabra. Este será el escenario propicio para que senadores y representantes expertos en el tema, asuman con mucha responsabilidad y seriedad este análisis que deberá ser aprobado o rechazado por el legislativo. Tal es el caso de reciente ingreso al Senado del exgobernador Carlos Julio González Villa, quien es experto en esta temática y será de gran apoyo a sus compañeros para que les ilustre y hagan profundos aportes a la formulación de esta política pública. Y es aquí donde se debe enfatizar el llamado a fundamentar algo tan serio en argumentos sólidos y técnicos, datos creíbles, cifras consistentes y posturas al tenor de la evidencia que resistan el análisis, a la par que se despojan de intereses políticos y de toda índole, que se alejen del supremo: propender hacia el bienestar colectivo. Bajo estas condiciones, no sobra decir que todas las voces tienen cabida.
