15 ex ministros de minas y energía, así como ex comisionados de la Comisión de Energía y Gas (CREG) alertan sobre el riesgo en el que estaría el Servicio de Energía y gas por intervención del presidente.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
Una carta firmada por 15 ex ministros, 2 ex viceministros de minas y energías y 8 ex comisionados de la CREG alertaron la difícil situación que podría traer para el país que el presidente de la República, Gustavo Petro tome las riendas del Servicio de Energía y Gas del país.
Lo que indican en el escrito es que de volverse realidad el anuncio del jefe de Estado de retomar las facultades regulatorias de la CREG estaría vulnerando la institucionalidad del sistema “la ejecución de proyectos, las inversiones necesarias para garantizar el abastecimiento de electricidad del país, así como la calidad del servicio de gas y electricidad para todos los colombianos. Los de hoy y de mañana” dice la carta.
Siguiendo los principios consagrados en la Constitución de 1991 y los desarrollos legales contenidos principalmente en las leyes 142 y 143 de 1994, se ha elaborado el marco regulatorio colombiano dentro de los más altos estándares técnicos; incorporando elementos que han surgido de amplios debates públicos entre el sector empresarial, gobierno y usuarios; así como los eventos que han afectado al sector.
Argumentos
Lo que indican los firmantes de la carta es que, durante 30 años se han tenido logros contundentes en materia de cobertura, calidad, suficiencia y confiabilidad “destacando un sector energético con una matriz de muy bajas emisiones de gases efecto invernadero y con importantes indicadores de equidad y solidaridad”, indica el documento.
Lo anterior ha permitido cumplir con los subsidios para las personas menores ingresos y contar con fondos públicos para aumentar la cobertura del servicio en zonas rurales alejadas.
“Durante estas tres décadas, los distintos gobiernos han intervenido el sector eléctrico dando direcciones de política desde el Ministerio de Minas y Energía, pero manteniendo la responsabilidad regulatoria en la CREG; en ningún caso remplazándola”, argumentan.
Todo lo anterior, dentro del marco institucional del cual el gobierno hace parte a través de los ministerios de hacienda, minas y energía, así como del Departamento Nacional de Planeación y el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Las alertas
Alertan entonces los firmantes del documento que con esta decisión de podría “deteriorar la confianza de todos los agentes del sector y poner en riesgo las futuras inversiones necesarias para garantizar la cobertura y calidad en la prestación del servicio a los colombianos”.
La CREG, en sus últimas proyecciones de demanda y oferta, contempla un déficit de energía a final del año 2027, de acuerdo con las agencias internacionales encargadas de monitorear los fenómenos climáticos, se ha incrementado significativamente la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño (sequias) durante el segundo semestre de este año.
“Afrontar eficientemente estos riesgos requiere de millonarias inversiones de largo plazo que dependen de la confianza que tengan los diferentes agentes en el arreglo institucional del sector”, exponen.
A renglón seguido argumentan que “el patrimonio institucional del sector energético colombiano no pertenece a un gobierno en particular. Ha sido construido durante décadas por centenares de funcionarios públicos. Es el producto de 30 años de discusiones entre gobiernos, academia, empresas y usuarios”.
Además de esto describen situaciones en las que el sector ha podido implementar estrategias para superar eventos climáticos severos, atentados violentos contra la infraestructura eléctrica y la crisis financiera de varias electrificadoras, entre otros.
Conclusiones
Finalmente, en el texto que está dirigido expresamente el presidente de la República, le hacen una invitación al primer mandatario de los colombianos para que se le dé un manejo colectivo a la situación construyendo consensos dentro de la institucionalidad vigente.
“Una irrupción súbita, alterando dicha institucionalidad, no ofrece ninguna ventaja para lograr las reformas necesarias y, al contrario, como lo hemos descrito, pone en riesgo el sostenimiento de un sector que ha sido exitoso en su desarrollo”, concluye la carta.
Los firmantes del documento fueron Amylcar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, María Lorena Gutiérrez, Luisa Fernanda Lafaurie, Hernán Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mes, Federico Rengifo, Juan Camilo Restrepo, María Fernanda Suárez, Ramiro Valencia, Luis Carlos Valenzuela, Manuel Maiguashca, Ruty Paola Ortiz, Jaime Blandón, Juan Ignacio Caicedo, Daisy Cerquera, Carmenza Chahín, Javier Díaz, Christian Jaramillo, Hernán Molina y Camilo Quintero.
Las intenciones
Después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que tomaría las responsabilidades de las comisiones que regulan los servicios públicos, se conoció el proyecto de decreto con el que cumpliría su propósito.
En ese borrador, se menciona que el mandatario buscaría apoyo técnico de las comisiones a las que relevará en sus responsabilidades y solidaridad tarifaria. Este último punto, según lo sostuvo en su momento, fue el que motivo su determinación para asumir tareas de estas entidades que, según han explicado los expertos, nacieron después de la Constitución de 1991 y tras la lección que dejó el apagón de 1982.
En el proyecto se lee el objetivo de “reasumir las funciones de carácter delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (…) las cuales, de conformidad con el artículo 68 de la ley 142, serán ejercidas por el presidente de la República”.
“Las disposiciones regulatorias tendrán en cuenta los siguientes lineamientos generales: sujeción a los principios, fines y valores constitucionales y legales; garantía de la divulgación y la participación ciudadana en las actuaciones en esta materia; pertinencia, oportunidad y calidad que garanticen los principios de eficiencia, suficiencia, integralidad y solidaridad tarifaria; criterios del régimen tarifario de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia”.
Uno de los puntos que más ha llamado la atención entorno a esta iniciativa, es el riesgo de cambiar el rigor técnico de las comisiones por criterios políticos que podrían poner en riesgo la estabilidad del sistema de abastecimiento eléctrico.
Destacado: “El patrimonio institucional del sector energético colombiano no pertenece a un gobierno en particular. Ha sido construido durante décadas por centenares de funcionarios públicos. Es el producto de 30 años de discusiones entre gobiernos, academia, empresas y usuarios”.
