Ernesto Cardoso Camacho
Es cierto que dentro de las ofertas que hiciera el candidato Petro como vocero del Pacto Histórico para cambiar el país, se destacaban las referentes a la paz total, el sistema de salud, el de las pensiones, la reforma laboral y el sistema político y electoral.
Para lograr su rápida aprobación por el congreso, mecanismo institucional inevitable, organizó a través de Roy Barreras una coalición de gobierno en la que concurren el partido liberal, el conservador y los verdes, con otros sectores minoritarios que comparten su postura de izquierda radical. Quedaron por fuera el CD y Cambio Radical.
Frente a los logros legislativos de esta arrasadora coalición los ojos de la sociedad colombiana están expectantes y atemorizados. Los resultados de las marchas callejeras de esta semana, las que por fortuna se desarrollaron en completa tranquilidad, han serenado un poco los ánimos, en la medida en que si bien es cierto no fueron masivas o multitudinarias, es evidente e indiscutible que las de los opositores a tales reformas fueron más nutridas que las de apoyo al presidente.
Por otra parte, los recientes sondeos de opinión muestran que la aceptación o favorabilidad del gobierno sigue disminuyendo, especialmente con relación a sus posturas reformistas y amenazadoras, dirigidas a estimular la lucha de clases al mejor estilo de Chaves en sus buenos tiempos.
En este escenario, donde la producción, comercialización e incautación de la coca ha adquirido dimensiones mayúsculas, donde la delincuencia y la criminalidad campean en gran parte del territorio, donde continúan los asesinatos selectivos de líderes sociales; en fin, donde la inseguridad y la impunidad son el pan de cada día; al tiempo que a las fuerzas militares y de policía se les desmantela y se les modifica sustancialmente su doctrina de fuerzas de seguridad del Estado, el presidente y su gobierno insisten en sacar adelante sus reformas a punta de mermelada aprovechando la voraz codicia burocrática de los congresistas liberales y conservadores.
La consecuencia inevitable, por desgracia, de todo ello, es que pretenden dirigir a la sociedad colombiana a que todo sea negociable o transigible, con el claro propósito de debilitar aún más nuestra frágil democracia institucional. En estas circunstancias, los valores y principios esenciales de nuestra nacionalidad serán rápidamente destruidos para que reinen el caos y la anarquía y en donde cada quien buscará su propia supervivencia personal o familiar.
La fuerza legítima del Estado como orientador y soporte de la sociedad aparece claudicante frente a la criminalidad, el bandidaje, la corrupción y la inseguridad ciudadanas. Nos esperan así meses muy difíciles con la tenue esperanza de que las fuerzas políticas del congreso, que han contribuido al desarrollo nacional con sus debilidades, errores y falencias; reaccionen a tiempo y le garanticen a los colombianos la estabilidad institucional de la democracia.
No se trata de terrorismo ideológico de la llamada derecha. Se trata de que el presidente Petro ha escogido el camino de la confrontación, la anarquía y el caos; para que su estrategia final dirigida a una Constituyente; le ofrezca la oportunidad de permanecer en el poder como ha ocurrido en el modelo cubano, venezolano y nicaraguense; dictaduras constitucionales que han permanecido tantos años ejecutando, sin rubor alguno, el modelo económico, social y político del socialismo del siglo XXI, en el cual perderíamos hasta nuestras libertades, como ha ocurrido en esas latitudes.
