Por Juan Pablo Liévano
Todo el país debería estar preocupado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en lo concerniente a las cámaras de comercio y a los comerciantes. El Gobierno, en su deseo de controlar instituciones y recursos, pretende dar un verdadero raponazo a la institucionalidad mercantil. El primer golpe lo asesta a través del articulo 69, el cual establece que el Gobierno nacional fijará el número de miembros, y sus representantes, en las juntas directivas de las cámaras de comercio del país. La disposición remplaza el inciso 3º del artículo 80 del Código de Comercio. La nueva disposición debe interpretarse en consonancia con el inciso 2º del mismo artículo, el cual establece que una tercera parte de los miembros de las juntas directivas serán del Gobierno nacional.
En términos prácticos, se puede interpretar que el Gobierno podría tener mayor representatividad, excediendo el límite de una tercera parte, e incluso la posibilidad de incorporar miembros en las juntas directivas de la economía popular y comunitaria, sin límite alguno, y sin que cumplan los requisitos aplicables a los demás comerciantes. Si esto es así, la tradición de las cámaras de comercio, en la cual su gobierno corresponde a los propios comerciantes, estaría seriamente en riesgo. Por si todo esto fuera poco, con el artículo 23 del PND se pretende tomar control de los recursos. Estos corresponden a las tasas contributivas que reciben las cámaras de comercio por concepto de la función pública registral. Estos recursos deben entenderse, en términos prácticos, como recursos privados de los comerciantes, con destinación pública, por lo que deben ser manejados por los comerciantes.
Así, no son recursos del presupuesto nacional y el Gobierno no puede meterles la mano. Pues bien, el mencionado artículo indica que el Gobierno podrá fijar un porcentaje sobre el total de dichos recursos para complementar o cubrir parte de la financiación de los programas de desarrollo empresarial que realiza el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La disposición es inaudita, pues les echa mano de manera abusiva a los recursos de los comerciantes. Igualmente, no tiene en cuenta que los recursos deben destinarse prioritariamente a cubrir la función registral, por lo que fijar un porcentaje general, sin tener en consideración la estructura de costos y gastos de las cámaras, podría dejar en muchos casos a la función registral sin fondos suficientes. Por otro lado, los recursos remanentes que se utilizan en cumplimiento de otras funciones legales para la promoción, la formalización, la capacitación y el desarrollo de la cultura empresarial, al igual que el ejercicio de funciones gremiales, se escurrirán sin remedio al foso del presupuesto nacional, en lo que quiera y mande el Gobierno, ignorando completamente a los comerciantes en el manejo de sus propios recursos. Se acabará la concertación, que parece no gusta en este cuatrienio y que ha sido tradicional entre los gobiernos y las cámaras de comercio para promover el desarrollo empresarial. No es construir sobre lo construido, ni siquiera destruir lo construido. No es otra cosa que tomarse, por la puerta de atrás, la institucionalidad mercantil y sus recursos con fines populistas y que los comerciantes queden inexorablemente en un segundo plano.
