Lo principal es que dicen estar de acuerdo con que la Ley 100 necesita una reforma permita avanzar en el goce efectivo de este derecho fundamental, como lo establece la Ley Estatutaria en Salud (LES) 1751 de 2015. Les preocupa otro tipo de medidas.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La Academia Nacional de Medicina, junto a otras agremiaciones de médicos dieron a conocer sus inquietudes frente a la reforma a la salud que hoy por hoy hace su curso en el Congreso de la República. El documento llamado ‘Grupo de Acuerdos Fundamentales Comunicado sobre Proyecto de Ley para Reformar el Sistema de Salud radicado en el Congreso de la República por el Gobierno Nacional’ fue construido por organizaciones médicas y de profesionales de la salud que hacen parte de los “Acuerdos Fundamentales para el pleno desarrollo de la Ley Estatutaria 1751 de 2015”.
Entre los firmantes están la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, el Colegio Médico de Cundinamarca, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), el Colegio Médico Colombiano y la Federación Odontológica Colombiana.
Lo primero que resalta el texto es que “después de casi 30 años de la aprobación de la Ley 100 el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) necesita de una Reforma que permita avanzar en el goce efectivo de este derecho fundamental, como lo establece la Ley Estatutaria en Salud (LES) 1751 de 2015, la cual consideramos como el eje central para el desarrollo de cualquier reforma”.
En general lo que dicen es querer que todo lo que el Estado disponga para materializar el derecho a la salud, deberá incorporarse al Sistema Nacional de Salud.
Lo que comparten
Están de acuerdo con que se necesita fortalecer la Atención Primaria Integral en Salud (APIS) y las acciones positivas para intervenir los determinantes sociales de la salud al igual que el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, así como la necesidad de dar solución a las inequidades, en especial en las zonas con población dispersa.
Aunque para ellos es saludable la conformación del Consejo Nacional de Salud, “consideramos que para ser más operativo debería tener un número menor de consejeros y que se reevalúe su conformación; igualmente, la creación y puesta en marcha del Sistema Público Único Integrado de Información en Salud en cumplimiento del Art. 19 de la LES, así como el fortalecimiento de la participación ciudadana”.
También es necesario que se reivindiquen la autonomía de los profesionales de la salud, el fortalecimiento de la Supersalud y el desarrollo de políticas públicas para la formación del talento humano procurando su formalización laboral.
Las preocupaciones
Así como exponen sus puntos a favor, hablaron de aquello que les preocupa, sobre todo en el proceso de garantizar la prestación del servicio para todos los colombianos.
Lo primero es la proliferación de entidades con funciones superpuestas: 3 nuevas entidades del orden nacional, más el fortalecimiento de 3 ya existentes, 21 entidades regionales, sumadas a 6 entidades por cada territorio.
Y en ese orden de ideas, lo que alertan es “no solo colisión de competencias, sino riesgo de inoperancia, riesgo de cooptación política regional y desvío de recursos”, debido a que deberán hacer contratación con las IPS, auditoría, revisión de cuentas y flujo de recursos, además de otras múltiples actividades.
“Si bien pensamos que la ADRES debe universalizar el giro directo a los prestadores, consideramos que esta entidad no está en capacidad técnica, ni tiene la experticia para asumir nuevas funciones”, se lee en el documento.
También se alertó sobre riesgo de fragmentación, nuevas barreras de acceso y afectación en la integralidad de la atención, esto, tras la propuesta de crear 7 redes distintas sin que se evidencie integración entre ellas en los territorios.
¿Y los recursos?
Lo que dicen los firmantes del documento es que no está clara la manera como se obtendrán los recursos para el pago del personal que se quiere para la puesta en marcha de la propuesta de más de 2.500 centros de atención primaria (CAPIRS) y la compra de cerca de 20.000 equipos médicos interdisciplinarios.
“Los médicos y las demás profesiones de la salud en servicio social obligatorio son insuficientes para cubrir las necesidades de los EMIT propuestos. Además, para quienes están en proceso de formación como especialistas, su desplazamiento a zonas periféricas con este fin no consulta los objetivos del sistema nacional de residencias médicas y la autonomía universitaria, dado que las prácticas formativas en lugares sin infraestructura, ni supervisión docente, no son convenientes; tampoco se explican las condiciones académicas, de remuneración, bienestar y de seguridad”.
Lo mismo pasa con la formalización del personal médico cuyo costo está estimado en $9 billones para los primeros 4 años teniendo en cuenta que son 42.784 trabajadores de las categorías operativas y 85.859 de apoyo.
Por otro lado, “advertimos que las sanciones penales y disciplinarias, enunciadas en el capítulo XVII del PL, además de carecer de unidad de materia, desconocen las actuales y vigentes instancias para los procesos éticos – disciplinarios para los profesionales de la salud”.
¿Se puede perder el norte?
Preocupa para los expertos que “establecen nuevas definiciones de salud que no se ajustan con la evidencia científica global y que no se expresa un periodo definido de transición, lo que genera incertidumbre entre los actores y la población”.
En cuanto a los trabajadores independientes, se podría generar un desestimulo “con capacidad de pago que le hace daño al Sistema: Al no existir afiliación, no existe motivación para el trabajador independiente, pudiente o no, de pagar por la salud, si de todas formas puede adscribirse a un CAPIRS y adquiere el derecho al Plan de Beneficios”.
Anunciaron que no hay cifras totales de los recursos que requerirá el Sistema en los próximos años, incluido un plan financiero que defina fuentes y garantice sostenibilidad.
“Se considera indispensable que se agote un análisis previo y de fondo sobre la naturaleza del proyecto, con el fin de evitar errores de forma que comprometan la viabilidad de la iniciativa”, dice el documento.
Otra lucha de la reforma
El lunes se definió en la Cámara de representantes que el estudio de la reforma se dará como ley ordinaria por decisión de seis de los siete presidentes de las distintas comisiones que hay.
Aunque había la posibilidad de que se hiciera de forma estatutaria la votación se inclinó en la otra posibilidad: ley ordinaria y se hizo el compromiso de que se eliminarán los artículos que puedan llegar a ser considerados estatutarios, es decir, que entran a modificar directamente la aplicación del derecho fundamental a la salud.
Durante la jornada se contó con la asistencia de los ministros del Interior, Alfonso Prada y de Salud, Carolina Corcho, quienes expusieron las razones por las cuales el Gobierno decidió presentar la propuesta como un proyecto ordinario.
En el caso de que los congresistas hubieran determinado por mayoría que se trataba de una ley tipo estatutaria, se frenaba la designación de ponentes en la Comisión Séptima de la Cámara y la convocatoria de audiencias públicas para conocer las opiniones que existen en torno al proyecto e inmediatamente el texto de la iniciativa debería pasar a estudio de la Comisión Primera.
Esto ha causado malestar por parte de algunos congresistas quienes a través de una carta indicaron que aún no se ha definido el trámite de la reforma a la salud, pues esta decisión debería ser tomada por la plenaria entera y no solo por los presidentes de las Comisiones.
Además de pedir al presidente de la Cámara David Rosero poner en conocimiento la controversia en conocimiento de toda la plenaria y aseveraron que seguirse el trámite como ley ordinaria, lo más probable es que la reforma, si es aprobada, sea demandada ante la Corte Constitucional por vicios de forma.
La diferencia
Si la reforma de estudia como ley ordinaria necesita mayoría simple y dos años para su discusión, mientras que las estatutarias necesitan de una mayoría absoluta (50%+1) de los votos y apenas tienen un año para ser tramitadas.
Destacado: También se aletó sobre riesgo de fragmentación, nuevas barreras de acceso y afectación en la integralidad de la atención, esto, tras la propuesta de crear 7 redes distintas sin que se evidencie integración entre ellas en los territorios.
