Harold Salamanca
La salud es un derecho fundamental, protegido y privilegiado por las naciones, pero algunas veces la política pública, la legislación y las normas de la salud, están elaboradas de tal forma que se generan vacíos jurídicos, o no corresponden con la realidad de lo que viven en el día a día los usuarios y pacientes, o no cuenta con la fuerza suficiente para que obligue a los participantes responsables en cada parte del proceso, a hacer lo que corresponde con oportunidad y calidad, convirtiéndose en una barrera de acceso a los servicios de salud.
La ley es la plataforma idónea, que le permite a los estados garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de su población, la disposición, recopilación y uso de los datos recaudados en la afiliación y prestación de servicios de salud, la adopción de mecanismos que la promuevan, haciendo uso racional de los recursos, la delimitación de las responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en el proceso, la asignación y situación oportuna de los recursos para atender la necesidades en salud, buscando siempre la sostenibilidad y perdurabilidad del sistema.
Una señal de alerta de que la ley, o las políticas públicas se deben revisar respecto del cáncer, es el incremento en la tasa de mortalidad por esta enfermedad presentada en los últimos 10 años paso del 80,2 en 2010 al 87,7 por cien mil habitantes en al año 2019. El segundo signo es la alta participación de los porcentajes de diagnóstico tardío del cáncer: Cáncer de cuello uterino el 69% de los casos ocurre en etapa avanzada, cáncer de recto 60% de los casos, cáncer de mama el 60% de los casos, según información del Instituto Nacional de Cancerología 2018 – 2019 (INC), sin hablar del importante y creciente número de PQR radicadas por usuarios a la Supersalud, por dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos del cáncer.
En conclusión, las cifras antes mencionadas (disponibles), evidencian que se requiere con urgencia mantener en permanente revisión y ajuste la legislación y la política pública respecto de la prevención, la educación y el tratamiento del cáncer, para armonizarlo con la realidad de la enfermedad, con la disponibilidad de tecnologías y de recurso humano, y de paso darle herramientas a los entes de inspección vigilancia y control para hacer cumplir las obligaciones de todos los que participan en el proceso de prevención y atención del cáncer.
