Hace 25 años, la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en las cárceles del país tras estudiar una tutela interpuesta por varios ciudadanos que denunciaban graves violaciones a sus derechos humanos.
El fallo ordenó la elaboración de un plan de construcción y reparación de cárceles para garantizar condiciones de vida dignas a los reclusos, separar completamente a sindicados de condenados, solucionar las carencias de personal de guardia y hacer que gobernadores y alcaldes construyan sus propios centros de reclusión.
Sin embargo, las cosas no parecen haber mejorado mucho en los últimos 25 años. A pesar de que la Corte Constitucional ha estado haciendo seguimiento a su sentencia, las violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país siguen siendo muy similares a las que existían en 1998. Recientemente, la Corte Constitucional recordó al presidente la existencia de esta crisis continuada y le pidió que adopte las medidas necesarias para solucionarla.
Según cifras entregadas por la Corte Constitucional, la población privada de la libertad en el país asciende a 98.469 personas, lo que representa un hacinamiento global del 21,34%, con una sobrepoblación de 17.321 reclusos.
