Por: Angélica Mayolo
Desde el mes de agosto de 2020 se anunció que se estaban dando las condiciones climáticas para el denominado Fenómeno de La Niña, que en el año 2010 causó unas catastróficas inundaciones en zonas del país como la Costa Atlántica y el Pacífico. El año 2021 llegó con un incremento acelerado de las lluvias que han hecho que, en febrero, un mes históricamente seco, el promedio de precipitaciones esté por el orden del 60% por encima de lo que normalmente se registra en ese periodo. Las lluvias están golpeando con particular fuerza municipios pequeños sin capacidad institucional de respuesta, lo que puede llevarnos a escenarios similares a los de principios de la década pasada, cuando el Gobierno Nacional tuvo que hacer grandes inversiones para reconstruir territorios y atender población damnificada.
Según el Ideam, se espera que el promedio de lluvias de los próximos dos meses sea entre un 10% y un 60% más que en el mismo periodo en otros años, concentrándose con particular fuerza este fenómeno en la región Pacífica, las sabanas de Córdoba y Sucre y en el centro de la región Andina. En este punto cabe preguntarse si estamos lo suficientemente preparados para atender las emergencias que se pueden avecinar y fortalecer la capacidad institucional de las autoridades ambientales y de gestión del riesgo en las zonas de mayor alerta.
Si bien la Política Nacional de Cambio Climático tiene un enfoque sectorial y territorial, debe fortalecerse la inversión del Gobierno Nacional y de los entes territoriales en acciones más efectivas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Para lo cual es fundamental fortalecer las veedurías y los mecanismos de control a las inversiones que hagan las entidades encargadas de la gestión ambiental y de la prevención del riesgo en los territorios. Al tiempo que se deben intensificar los esfuerzos del sector productivo para alinearse a los objetivos de esta política, en el marco de la nueva economía del clima que establece beneficios compartidos de la gestión económica y del Cambio Climático.
El fenómeno de La Niña supone también impactos económicos potencialmente devastadores en regiones vulnerables dependientes del agro, lo cual tendría efectos aún peores en momentos cuando la pandemia ha supuesto que casi el 30% de las familias colombianas prescindan de una o dos de las tres comidas diarias. Las inundaciones y los deslizamientos dañan vías necesarias para conectar a los centros de producción con los mercados y destruye los cultivos, anega tierras fértiles y así pone en riesgo la sostenibilidad económica de estas regiones.
Resulta fundamental asimilar lo que está ocurriendo como una alerta de lo que implica el cambio climático para Colombia. Debemos estar preparados para prevenir la pérdida de vidas por la temporada de lluvias y afrontar el impacto fiscal que nos dejará, teniendo que invertir en la atención a la población damnificada, la reconstrucción de infraestructura y la recuperación de la actividad productiva en las regiones más afectadas.
