Alfonso Vélez Jaramillo
Como van las cosas en materia política, de manera preocupante sentimos que seguiremos soportando la terrible guerra que azota a Colombia desde hace más de medio siglo, Dios nos guarde. Lo siento por mis hijos, mis nietos y las nuevas generaciones de colombianos.
Atrás están quedan los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro y las anteriores administraciones, cada uno con su teoría y sus intereses, tratando de conseguir una paz sólida y duradera para nuestra patria.
Aunque lo nieguen, sí hay enemigos diversos para cualquier intento de proceso de paz, no solo con la guerrilla, con la Nueva Marquetalia, con narcotraficantes, con paramilitares, con las hoy bandas criminales, y entre esos enemigos, hay dirigentes políticos, empresarios, militares, policías y hasta funcionarios públicos, así lo nieguen, pero es una verdad que se siente.
Muy terrible. El derecho a la paz que requiere la voluntad y el concurso de todos los componentes sociales, políticos, económicos e ideológicos, está siendo desdeñado por intereses individuales, sobre todo políticos para ganar réditos electorales.
Ahora, quien se opone de frente es el fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, según él, por no estar de acuerdo con que se trate como políticos a integrantes de las bandas criminales. ¿Quién se le opone?, empuña el imperio de la ley y al cumplimiento del mandato constitucional.
Fácil inferir que está amenazando un posible prevaricato a cualquier funcionario del proceso de “paz total”, tras señalar que la “Connivencia con los delincuentes es muy grave”.
El fiscal Barbosa, abogado, historiador y académico, es autor de los libros “¿Justicia Transicional o Impunidad?” y “La encrucijada de la paz en Colombia”, por tanto, es pertinente recordarle que el 25 de julio de 2005, cuando dejaba su cargo de fiscal especializado, el presidente Álvaro Uribe, sancionó la Ley 975 denominada de Justicia y Paz, formalizando así, el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, calificados como criminales rasos, mas no políticos.
Y no solo eso, para este proceso con las AUC, el gobierno creó la zona de ubicación temporal, en Ralito, Tierralta, Córdoba, para los paramilitares que se desmovilizaran y se reincorporaran a la vida civil.
Tres años mas tarde, varios congresistas que promovieron y votaron esa ley fueron condenados por concierto para delinquir, eran parapolíticos a quienes se les comprobó su militancia en esas organizaciones criminales.
Defendí el proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos con las Farc, y aunque veía con escepticismo el acuerdo con los paramilitares de Ralito, porque no tenían vocación política y estuvo plagado de favores a «paracos», se debe reconocer hoy, que si fue evidente más tarde el silencio de muchos fusiles y por consiguiente se infiere que se evitaron muchos muertos.
No estoy justificando el reconocimiento legal de antisociales, muchos menos que tengan prebendas, pero, si hay paz total, no puede quedar ningún actor por fuera como rueda suelta, porque se pierde el esfuerzo del Estado y seguirán matando sin piedad.
Señor Fiscal Barbosa, durante el Gobierno del presidente Iván Duque, usted fue consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y como historiador debe saber que, en Ralito, no hubo ni ningún sometimiento a la justicia, pura paja.
Según Eduard Cobos, ex paramilitar desmovilizado, “A Colombia se le vendió que fue un proceso de sometimiento NO. Fue un proceso de paz con las Autodefensas, hubo una negociación política de paz con representación del gobierno, y delegados de la AUC”, aunque no hubo cumplimiento de los acuerdos, pese a que las Auc tenían control territorial, económico, político y social en determinadas zonas del país.
Paradójicamente, el fiscal Barbosa, hasta el 30 de enero de 2020 era consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del gobierno de Iván Duque, otro enemigo del proceso, y por sus declaraciones da la impresión de ser contradictor político del presidente Gustavo Petro.
Usted invoca la normatividad, inclusive expone los artículos 188 y 251 constitucionales, que establecen taxativamente las funciones del presidente y del Fiscal general de la nación, sin embargo, por su tono de voz deja entrever, que la motivación puede ser otra.
En palabras del Premio nobel de paz, Adolfo Pérez Esquivel “Es importante recordar que sobre la impunidad es imposible construir una democracia real y participativa”, y le añado, esa impunidad no debe fomentarse por omisión del Estado, cuando es renuente a hablar con quienes han cometido delitos y son factores organizados de violencia.
Igual, no pretendo afirmar que el Gobierno Petro, debe tener patente de corso para legitimar la acción del Estado con llamados a movilizaciones populares, la ilegalidad no se combate con el llamado a las masas, un asunto peligroso para la democracia de los pueblos. Aquí votamos por un cambio de manera pacífica y de respeto de la institucionalidad.
El derecho a la paz y las reformas constitucionales en curso contra la desigualdad social, no se consiguen llamando las masas a las calles, hay expresiones populares sin educación y los cambios en paz no se consiguen con la fuerza, muchas veces irracional y muy peligroso.
