Por: Angélica Andrade Quimbaya
Hasta el 20 de abril tiene plazo la dictadura venezolana para que declare fiscalmente acerca de las violaciones de los derechos humanos, torturas y ejecuciones extrajudiciales a las que han sido sometidos miles de personas en el vecino país.
Las víctimas esperan y confían en la gestión del jefe general de la Corte Penal Internacional, Karim Ahmad Khan, quien, en marzo del presente año, basado en un argumento “razonable para creer que se han cometido crímenes contra la humanidad”, le solicitó al tribunal que autorizara la reapertura de una investigación sobre la cruel represión de la dictadura chavista que, desde el año 2017, ha dejado más de 100 muertos desde en el marco del estallido de las protestas antigubernamentales.
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Por otro lado, integrantes del régimen chavista han acusado a Khan de ser un fiscal parcial y aseguran que trabajan con cientos de acusados por violaciones, no obstante, la Corte Penal Internacional insiste en que los esfuerzos no son suficientes.
Una de las historias de las víctimas de torturas, violaciones y represión es el estudiante universitario de 20 años, Juan Pablo Pernalete, quien falleció el 26 de abril de 2017 en Caracas, luego de que una bomba de gas lacrimógeno disparada por un oficial de la Guardia Nacional impactara en su pecho, en el marco de una protesta antigubernamental en Altamira, municipio de Chacao. En su momento, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, reportó que el joven estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Metropolitana de Caracas llegó a Salud Chacao sin signos vitales, siendo un “shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax” la causa de su deceso, según se menciona en el certificado de autopsia, que fue modificado cinco veces por “errores básicos”.
