Ambas colectividades condicionaron su apoyo a proyecto a que se avale los cambios presentado.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
El partido Conservador y el Partido de la U abrieron la puerta a un posible apoyo a la reforma de la salud del gobierno de Gustavo Petro. La condición es que le avalen las 133 proposiciones con las que buscan modificar la ponencia final presentada por la ministra de Salud, Carolina Corcho.
Mientras que los conservadores, según Efraín Cepeda, solo apoyarán la iniciativa si acogen todos sus cambios, desde ‘la U’ se conformarían si les aceptan cerca de la mitad de los puntos que buscan modificar en el extenso articulado.
La ponencia final, que se discutirá desde este jueves, tiene 155 artículos y los cambios que sugieren los partidos liderados por Efraín Cepeda y Dilian Francisca Toro son 133. Estos son algunos de los puntos más importantes que quieren modificar las dos colectividades.
Desde el principio, buscan dejar claro que se trata de un sistema mixto, con participación pública y privada, por lo que una de los primeros cambios pretende que en el artículo dos se deje claro que para la “operación” del aseguramiento social en salud se contará con la participación de particulares. En el texto de gobierno solo se establece que el sistema de salud contará con la participación de particulares y la ciudadanía.
Aseguramiento
En este mismo sentido se introduce una proposición que consigna que el aseguramiento en salud será un sistema público que será atendido por “prestadores públicos, privados y mixtos”. En este sentido se eliminan en dicho apartado puntos como entregarle al Estado la “reglamentación de los servicios de salud”.
Otro de los elementos que desean añadir es un apartado de definiciones en el que se delimite conceptos básicos del proyecto como atención primaria en salud, atención territorial, atención familiar, gestión del riesgo, la interoperabilidad del sistema, salud preventiva, servicios primarios y complementarios, territorios de gestión de salud y otros términos. Los partidos consideran que se debe dejar muy claro estos puntos mínimos en el texto final.
Uno de los ejes básicos del proyecto del Gobierno son los determinantes sociales de la salud y los puntos de intervención. La proposición número cinco busca moderar el alcance de ellos. Por ejemplo, se retira la eliminación de la pobreza como determinante social, igual que la ausencia de discriminación y la solución de conflictos por vía pacífica.
Asimismo, las proposiciones presentadas este martes buscan modificar el alcance del Consejo Nacional de Salud. Mientras que el proyecto de la ministra Corcho consigna que este sea un espacio asesor del sistema de salud, los partidos buscarían que asesore directamente al Ejecutivo.
Asimismo, se propone cambiar la conformación de este órgano. La ponencia original pretende que haya solo cinco miembros por parte del gobierno (ministros de Salud, Hacienda, Trabajo, Ambiente y el director de Planeación Nacional) y un número indeterminado de representantes de gobiernos territoriales, trabajadores, profesionales de la salud, pacientes, academia, empresarios y grupos étnicos. En cambio, los partidos quieren limitar el número de miembros a 15.
Gobierno Nacional
Por parte del gabinete solo estarían los ministros de Salud y Hacienda, y el director Nacional de Planeación. El resto serían dos representantes de las direcciones territoriales de salud, dos representantes de las Gestoras de Salud y Vida –las entidades que reemplazarían a las EPS-, dos representantes de las IPS, un representante de los trabajadores de la salud, dos representantes de los pacientes, un representante de las comunidades étnicas y dos representantes de la academia.
En las proposiciones se quiere eliminar todas aquellas funciones de dicho ente que vayan más allá de emitir recomendaciones para el sistema de salud. Los textos presentados por las colectividades retiran los puntos en los que el Consejo Nacional podría proponer políticas públicas de salud y presentar iniciativas de reglamentación del sistema de salud.
Funciones del Ministerio
La U y Conservadores consideran que se deben eliminar los artículos que le otorgan nuevas funciones al Ministerio de Salud en cuanto a su relacionamiento con el Consejo Nacional de Salud y la evaluación cada cuatro meses del sistema con los directores territoriales.
Los textos de los partidos también entran a modificar aspectos de lo que sería el Sistema Integral de Calidad en Salud (SICA), que es la evolución del Sistema Obligatorio de Garantía en Calidad en Salud (SOGCS). Mientras el proyecto apunta a que este nuevo ente defina los criterios mínimos para la operación de gestoras e IPS, las colectividades consideran que debe ser el Ministerio de Salud el que ejerza esa labor.
Siguiendo la intención de los partidos de tener un sistema mixto, en el que las Gestoras de Salud y Vida serán pieza fundamental, en su reemplazo de las EPS, las proposiciones buscan dejar claro que las redes integrales de servicios de salud deben incluir estos actores, que deben articularse con los servicios primarios y complementarios. Igualmente entra a establecer cómo será la relación entre los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y los privados que evolucionen a gestoras de salud.
En este tema de los CAPS, las colectividades dejaron constancia de que su aplicación será progresiva y se hará énfasis en los municipios categorías 5 y 6, y “en zonas donde existan brecha de desigualdad en salud”. La propuesta original del Ejecutivo no establece un periodo para la aplicación de esta figura. Como es un punto en común con el Gobierno, son pocos los cambios en este apartado.
Gestoras de Salud
En cuanto a las Gestoras de Salud y Vida, se reformarían los artículos 141 y 142 de la propuesta final de Gobierno. La intención con esto es fortalecer la figura de dichas entidades, pues en el texto del Ejecutivo quedan limitadas a la gestión de la prestación de servicios de mediana y alta complejidad, mientras los partidos consideran que deben ser las encargadas de la gestión del riesgo individual en salud.
Entran a funcionar de forma muy similar al de las actuales EPS, pero se les despoja de elementos como la integración vertical o del giro de recursos, puntos en el que coinciden con la propuesta gubernamental. Por otro lado, mientras que el Ejecutivo plantea una transición de dos años para que las EPS pasen a ser Gestoras de Salud y Vida, las colectividades buscan que se amplíe hasta los cinco años.
Otro de los aspectos a modificar es el articulado que le entrega el riesgo financiero “a las instituciones del sistema de salud”. Actualmente este tema es asumido por las EPS, y la propuesta de gobierno lo entregaría a instituciones hospitalarias y otras entidades que atiendan a los pacientes. Para los partidos, esto pondría en riesgo financiero a las entidades.
En un sentido parecido, la propuesta partidista pretende que se deje claro que la gestión integral del riesgo en salud será de la Nación y de las entidades territoriales. Las Gestoras de Salud y Vida, para las dos colectividades autoras, debe participar de este aspecto bajo la gestión del riesgo individual con la coordinación de la cúspide.
Las dos colectividades que presentaron las 133 proposiciones también tienen como objetivo aclarar que el sistema de atención primaria en salud, que es otra de las grandes apuestas del gobierno Petro, debe enfocarse principalmente en “zonas rurales, zonas con población dispersa, con vulnerabilidades socioeconómicas y desigualdades en salud”.
Fondos cuenta regional
También se apunta a eliminar del texto principal los fondos cuenta regional. Este es uno de los grandes temores de los partidos, pues hay dudas sobre si este tipo de figuras pueden abrirle la puerta a que se destine los dineros de la salud para actos de corrupción a nivel regional. En ese mismo camino se eliminarían los artículos sobre fondos departamentales y distritales de salud.
En línea con la disposición de recursos, las modificaciones que se quieren introducir a la ponencia tienen como objetivo eliminar el artículo 90, que busca que los municipios financien la Atención Primaria en Salud, sobre todo “la atención básica, la promoción de la salud y el control de los factores de riesgo”.
Las propuestas partidistas buscan que se eliminen artículos relacionados con la autorregulación médica, que son los supuestos comités al interior de las entidades que buscarían hacer la auditoría de los recursos. Este punto ha sido criticado por distintos sectores, no solo las colectividades.
Como una garantía de calidad, las proposiciones buscan que se incluya la Unidad de pago por Capacitación (UPC). Dicho planteamiento apunta a un pago básico por cantidad de afiliados y un componente variables basado en “satisfacción de los usuarios, resultados en salud y sostenibilidad financiera del sistema”.
En otros puntos que buscan reformar, Liberales y Conservadores apuntan a suprimir el punto que afecta a los seguros y empresas prepagadas de salud. En la propuesta del Ministerio se establece que no habrá prelación para los afiliados de estos servicios.
Las modificaciones de ‘la U’ y los conservadores también van en línea con hacer ajustes en los capítulos de talento humano, aunque se deja en gran medida lo consignado por gobierno. Entre las propuestas está eliminar el punto de que los hospitales públicos pasen a ser automáticamente hospitales universitarios.
Otra de las proposiciones pretende que se establezca una condición para que los funcionarios de la salud nacionales y extranjeros que reciban becas en este campo: “Deberán retribuir el mismo tiempo de duración del estudio con trabajo remunerado en las regiones con requerimientos de dicho personal”.
