Álvaro Hernando Cardona González
Recientemente se conoció el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación informando que reconoció que la licencia otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para ejecutar el proyecto “Construcción Estación de Segundo Nivel del Guardacostas” en la isla de Gorgona, por la Armada Nacional, goza de presunción de legalidad, contiene la evaluación de los impactos ambientales que corresponden en el marco de los términos de referencia y, por lo tanto, es plenamente ejecutable. Por supuesto precisó que el Plan de Manejo Ambiental, que se desprende de la licencia ambiental para estos proyectos y de manera previa al inicio de las obras, además es indispensable porque el Principio 17 de la Declaración de Río fijó que “Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente…” y por eso se definió posteriormente que la licencia ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad (Artículo 50 de la Ley 99 de 1993). Es el mecanismo constitucional y legal para prever, anticipar y dar manejo adecuado a los impactos generados por el proyecto.
El ente de control, advirtió que debió realizar el pronunciamiento como consecuencia de una mesa de trabajo motivada en el hallazgo de una evidente desarticulación entre las autoridades públicas (Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales, ANLA, Invemar y la Armada), pues algunos sostenían que mediaba un acto administrativo que ordenaba la suspensión del proyecto, por motivos ambientales. Entre tanto el Ministerio de Defensa (por intermedio precisamente de la Armada) lo considera crucial en la estrategia de Defensa Nacional. Con otras implicaciones muy positivas en la necesidad de proteger la frontera comercial (contrabando) y proteger los recursos naturales renovables, pues también ocurre por extranjeros extrayéndolos ilícitamente pese nuestra soberanía. Hoy incluso la Armada Nacional coadyuva en la investigación marina.
La Procuraduría, además exhortó para que se realice una Mesa Pluriétnica de Trabajo en la isla y se evalúe el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto y determinar si procede una audiencia pública ambiental de seguimiento.
Para prever y manejar los impactos ambientales, para permitir la participación ciudadana y para tomar mejores decisiones en el desarrollo nacional, son las razones de las licencias.
