Toledo debe entregarse a las autoridades estadounidenses este viernes a las 9 a.m. hora local, quienes lo extraditarán a Perú, donde enfrentará cargos de corrupción.
El expresidente peruano Alejandro Toledo comparecerá este viernes ante un tribunal estadounidense para iniciar los trámites de extradición solicitados por la justicia de su país. Toledo, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en San Francisco, enfrenta cargos de corrupción y lavado de dinero en Lima en relación con el caso Odebrecht.
El expresidente, de 77 años, niega los cargos y ha lanzado varias peticiones para bloquear la extradición, que Perú solicita desde 2018 y Washington aprobó en febrero. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos rechazó por unanimidad su última demanda el martes.
Es por eso que el miércoles un juez de California ordenó llevar ante la justicia al político que gobernó Perú de 2001 a 2006. “Toledo será recluido en una prisión apropiada y permanecerá allí pendiente de extradición a las autoridades peruanas”, dijo el juez del Tribunal del Distrito Norte, Thomas Hickson.
El abogado de Toledo “ha sostenido que ya no buscarán una moratoria en el Noveno Circuito o la Corte Suprema”. Toledo comparecerá ante el tribunal a las 9 a.m. de este viernes. (hora local) en San José, a 40 kilómetros de Menlo Park, donde vive el expresidente.
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El hombre que gobernó Perú de 2001 a 2006 y forjó las esperanzas de la década posterior al fujimorismo estaba acusado de pagar un soborno de 35 millones de dólares a la constructora brasileña Odebrecht para comprar una carretera transoceánica.
En primera instancia quien fuera líder del partido político peruano, le fue emitida una orden de arresto por 18 meses en su contra en febrero de 2017 y el gobierno ofreció una recompensa de $27,000 por su paradero. Mientras Toledo insistía en California en que no fue un prófugo así como tampoco cometió el asesinato, su socio y amigo, el empresario peruano-israelí Josef Maiman, quien habría confirmado que el expresidente aceptó sobornos de una constructora brasileña, a través de su empresa.
El ingeniero brasileño Jorge Barata admitió haber contribuido con cerca de $700.000 dólares a la campaña y haber pagado millones en sobornos durante las elecciones generales de 2011. Toledo fue sorprendido en estado de ebriedad en la vía pública. En julio de 2019, fue arrestado y trasladado de la Cárcel de Santa Rita al Centro Correccional de Maguire en el condado de San Mateo por cargos de extradición a los Estados Unidos por riesgo de fuga.
En 2020, fue puesto en libertad bajo fianza alegando que supuestamente estaba infectado con el coronavirus y luego fue puesto bajo arresto domiciliario. En 2021, la Corte del Distrito Norte de California dictaminó que había pruebas suficientes para extraditar a Toledo a Perú.
